Años de cemento y rosas

NO hace mucho tiempo, con el boom inmobiliario haciendo rebosar las arcas públicas y una fe incondicional en las bondades de cualquier infraestructura, la obra pública era la gran panacea universal. A grandes problemas, grandes obras. Los ejemplos son muchos y evidentes, también en Navarra, que al igual que el resto de comunidades se vio afectada por el fervor y culto al cemento. El mejor ejemplo de la devoción por la obra pública fue sin duda el Plan Navarra 2012. Un conjunto de obras que el Gobierno foral puso en marcha en 2008 para hacer frente a la crisis.

Ante la premisa de que la pérdida de empleo vendría derivada del parón del sector de la construcción, todos los recursos se destinaron a sostener las empresas del ladrillo. Proyectos puestos en marcha años atrás, otros ya previstos y alguno más improvisado se juntaron en un paquete que sirvió como eje de actuación para toda la pasada legislatura. En total, 4.508 millones de euros, 1.144 extraídos directamente del presupuesto, para generar 25.173 puestos de trabajo directos y alrededor de 40.000 empleos indirectos, según datos del propio Gobierno foral. Tres años después, el desempleo ha crecido en Navarra en proporciones similares al resto del Estado, muchas de las obras ya finalizadas son de escasa utilidad, otras no son sostenibles y, algunas más, construidas con el peaje en sombra, hipotecan los recursos públicos de los próximos años.

El circuito y el pabellón

La evidencia del despilfarro

Entre los proyectos recogidos dentro del "mayor esfuerzo de inversión y de transformación social en la historia de Navarra", dos fueron especialmente cuestionados desde el principio. El Pabellón Navarra Arena (60 millones) y el Centro Temático de los Sanfermines (20). Dos proyectos de los que UPN hizo bandera durante la pasada legislatura entre las críticas de la oposición, y cuyo futuro no está nada claro. El pabellón multiusos, con capacidad para hasta 15.000, 3.000 en el frontón adjunto, ha recibido la mayor parte de la inversión en deporte de los últimos años y requerirá tras su puesta en marcha un millón de euros anual de mantenimiento. Cantidad que difícilmente podrán asumir los equipos navarros que compiten en la elite del balonmano, baloncesto o fútbol sala, que apenas logran 2.000 espectadores por partido, y que será difícil de rentabilizar con conciertos multitudinarios o finales de pelota que, en ambos casos, requieren una inyección pública previa. Similares argumentos sirven para el Circuito de Velocidad de Los Arcos, que tras una inversión de 61 millones de euros en su primer año de funcionamiento ha dejado un déficit de 2,6 millones que, lógicamente, debe asumir la empresa responsable de su gestión, y que es en un 95% propiedad del Gobierno de Navarra. Sin embargo, buena parte de los beneficios acaban en Logroño, verdadero centro logístico de quienes acuden al circuito.

La dudas sobre su rentabilidad planean también sobre el Centro Temático de los Sanfermines, actualmente paralizado, que sigue sin plan de viabilidad y en el que se han invertido ya diez millones de euros. El que deja pocas dudas es el Auditorio de Javier. La segunda sala con mayor capacidad de la comunidad (1.258 espectadores) se construyó a 55 kilómetros de la capital con una con inversión pública de 1,38 millones pero para una gestión exclusivamente privada (es propiedad de los Jesuitas) y que en nada ha condicionado el panorama cultural de Navarra.

Dotaciones improvisadas

Ejemplos de una mala planificación

Más allá de lo desacertada que pudo ser aquella inversión (completada con 4,4 millones para el programa conmemorativo del nacimiento del patrón), el Auditorio de Javier es además un buen ejemplo de una gestión improvisada. Categoría en la que se pueden incluir también el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (10 millones), financiado por el propio Ayuntamiento y gestionado por el Gobierno foral; los 111 millones invertidos en los diez polígonos industriales construidos los últimos tres años y hoy prácticamente sin actividad; la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, impulsada con un gasto de 98 millones en plena parálisis económica y ahora sin apenas producción; e incluso el campus de la UPNA en la capital ribera, con un coste inicial de 15,8 millones para apenas dos nuevas titulaciones.

Algo similar se puede decir de la ampliación del aeropuerto de Noáin, al que el Estado destinó 28,2 millones, y buena parte de su inversión en Navarra de los últimos años, pero que no ha podido evitar la perdida de viajeros, que con el Alvia actual se plantan en el centro de Madrid en apenas tres horas. E incluso del propio tren de alta velocidad, que más allá del debate sobre si es o no una infraestructura prioritaria, Navarra ha comenzado a construir entre Castejón y Pamplona (675 millones) sin que se haya aclarado el nudo ferroviario de Tudela ni garantías de que el Estado, en plena política de recortes, no vaya retrasar la conexión con la Y vasca. Todo para lograr una salida a Europa que puede no estar finalizada antes de 2030 y que obliga a Navarra a sufragar los intereses del préstamo necesario para adelantar unas obras que competen al Estado.

Hipotecas para el futuro

El caro peaje en sombra

Son todas obras que han requerido una importante inversión pública que ha dejado sin margen de maniobra al Gobierno foral, obligado a cumplir con el estricto control del déficit, y que ahora ha tenido que afrontar recortes por casi 300 millones de euros. Una estabilidad presupuestaria que también se ve condicionada por las exigencias de la deuda a la que ha habido que recurrir los últimos años, y que sólo en intereses suponen 72,4 millones de euros por ejercicio. Cantidad a la que hay que sumar los 65,9 millones que el Ejecutivo va a destinar en 2012 al pago del canon de las obras financiadas con el peaje en sombra. Fórmula que en los últimos años se ha aplicado a la Autovía del Camino (390 millones), a los dos últimos tramos de la Autovía del Pirineo (230 millones) y a las zonas regables del Canal de Navarra (178 millones). Cantidades que inicialmente han afrontado las empresas constructoras, pero a las que habrá que compensar con 180.000 euros al día durante los 30 años de concesión, triplicando el coste inicial de la infraestructua. Cifras quizá asumibles en tiempos de bonanza, pero que hoy son la factura de una fiesta que disfrutaron unos pocos, y en la que todos deben compartir ahora su resaca.