Pamplona. La comisión, presidida por la directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Inés Ibáñez de Maeztu, e integrada por Txema Urquijo (adjunto a la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo), Manuela Carmona (Ex vocal del Consejo General del Poder Judicial), Carlos Martín Beristain (doctor en Psicologia), Álvaro Gil-Robles (ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa), José Antonio Pérez (Vocal del Instituto Social Valentín de Foronda), y Mónica Hernando (miembro del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz), dio a conocer el trabajo realizado desde su constitución el pasado 20 de julio.

Según señalaron, en estos cuatro meses se han presentado 55 solicitudes. De ellas, 21 corresponden a fallecimientos, 32 por lesiones y otras dos están sin determinar. La comisión ha estudiado 15 expedientes, de los que cuatro están en vías de análisis y los otros once están ya cerrados. De estos once expedientes, en ocho casos los solicitantes han visto reconocida su condición de víctima. Por lo que respecta a los tres casos inadmitidos, uno de ellos lo ha sido por no corresponderse al periodo de trabajo que abarca esta comisión, de 1960 a 1978, otro porque la víctima ya sido reconocida como tal y el tercero porque hacia referencia a daños en un vehículo.

De los ochos expedientes a los que se ha reconocido su condición de víctima, siete corresponden a personas fallecidas. Se trata de Otaegi y Paredes Manot Txiki, de quien se señala que fueron fusilados tras un Consejo de Guerra en el que se vulneró su derecho a un juicio justo; Antonio Fernández muerto por un disparo de la Policía Armada cuando observaba desde el balcón de su cada una manifestación contra la contaminación; Francisco Javier Núñez, muerto tras ser obligado a ingerir grandes cantidades de alcohol y aceite de ricino; Segundo Urtega muerto en Urabain (Araba) por disparos de la Policía en un operativo contra ETA; Javier Batarrita, muerto el Bolueta al ser ametrallado por su vehículo por la policía en un control; y Alberto Soliño, muerto por un disparo efectuado por un miembro de la Guardia Civil. El octavo expediente corresponde a Antxone Telleria, gravemente herida por la Guardia Civil en Lekeitio.

En el caso de los fallecidos, sus familias cobrarán 135.000 euros por parte del Gobierno Vasco, mientras que en el caso Antxone Telleria la indemnización, que deberá ser aún determinada, varía entre 35.000 y 95.000 euros. Según manifestó la directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Ibáñez de Maeztu, la intención es que estas indemnizaciones se hagan efectivas lo más pronto posible por lo que, según su opinión, podrían abonarse en un mes y medio o dos meses como más tarde.

Según señalaron los miembros de la comisión, han trabajo por riguroso orden de entrada de los expedientes y su intención ha sido contar con los testimonios de primera mano de los familiares de las víctima o de las propias víctimas, lo que en algunos casos ha ralentizado el proceso. En este sentido, desvelaron que todos los testimonios han sido grabados con la intención de dejar memoria de los mismos.

Olvido institucional Inés Ibáñez de Maeztu aseguró que no han encontrado reticencias por parte de las instituciones, aunque sí señaló que en algunos casos el trabajo ha sido complicado, ya que no había ningún tipo de documentación.

Por su parte, Txema Urquijo aseguró que a lo largo de los testimonios recogidos han constatado tres elementos comunes en todos ellos. "Hay tres elementos que son comunes a todos ellos. El olvido institucional y desamparo que han padecido, el que conceden un altísimo valor al hecho de que hayan sido reconocidos como víctimas y por último que existe un déficit de memoria que consideramos que debe ser resuelto", señaló.

Urquijo, además, aseguró que no cree que levante polémica el hecho de haber reconocido como víctimas a Angel Otaegi y Jon Paredes Manot Txiki. "Nosotros no planteamos que se les haga un homenaje. Lo que la comisión señala es que se debe reconocer su condición de víctimas de violación de derechos humanos. Además, gobiernos del PSOE y del PP ya ha realizado reconocimientos como víctimas del terrorismo a miembros de ETA. No tiene que haber polémica", manifestó.

La comisión evaluadora aseguró que estos expedientes serán entregados tanto al Gobierno Vasco como al Parlamento con la recomendación de que se incluyan a estas víctimas en las actividades de reconocimiento y memoria que se organicen. De igual forma, aseguraron que se va recomendar al Gobierno y al Parlamento Vasco para que dirijan esta petición a las instituciones del Estado.

Ibáñez de Maeztu aseguró que seguirán adelante con el estudio de los cuarenta expedientes que aún tienen sobre la mesa y señaló que aquellos que se consideren que cumplen con las condiciones para ser reconocidas como víctimas de abusos policiales deben saber que el plazo para presentar su solicitud es de año y medio desde que la comisión echó a andar el pasado julio.