El Gobierno de UPN vuelve a chocar con la Ley de Incompatibilidades

pamplona - El Gobierno de UPN tiene un problema con la Ley de Incompatibilidades. Durante los últimos dos meses ha trascendido que, como mínimo, existen dudas de que dos de sus ocho consejeros hayan cumplido escrupulosamente con esta ley, una situación similar a la del director general de Administración Local, Patxi Pérez Arregui. El caso de quien fuera alcalde del Valle de Ultzama se ha unido esta semana a los de Lourdes Goicoechea y Luis Zarraluqui, al figurar en el registro mercantil como administrador de varias empresas,

Tal y como publicó este periódico el jueves, Patxi Pérez Arregui ha figurado hasta hace seis semanas como administrador de siete empresas, vinculadas a la compraventa de viviendas, la construcción, la asesoría y el sector de los hidrocarburos. El pasado 6 de marzo el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) daba cuenta de su cese como administrador solidario en la compañía MLP Navarra Logística de Petróleos, una renuncia que había tramitado el 26 de febrero. Y el pasado jueves el Borme anunciaba una segunda renuncia, esta vez en Alpe Asociados, un cese registrado el 31 de marzo. Dos ceses a la estela del casoGoicoechea por parte de un alto cargo que, sin embargo, entró a formar parte del Gobierno de UPN en julio de 2012, tras la expulsión del PSN.

El aludido ha explicado esta situación esgrimiento básicamente dos argumentos: que la mayoría de estas empresas no tenían actividad y que en cuatro de los casos sus renuncias ante notario no se trasladaron al registro mercantil. Según Pérez Arregui, dos de estas empresas no habrían tenido actividad nunca y una de ellas no la tiene desde 1998, razón por la cual decidió no darse de baja como administrador. Estas empresas figuraban esta semana como activas en el registro mercantil y con Pérez Arregui como administrador único, mancomunado o solidario. "Ciertamente, no las he dado de baja en el registro. Al no llevar a cabo ninguna actividad, se quedaron ahí y he dejado pasar el tiempo", explicó.

Además, señala que tramitó su cese como administrador en las otras cuatro empresas en junio de 2012, antes de ser nombrado director general. Estas renuncias se habrían formalizado en las correspondientes escrituras públicas ante notario, si bien es evidente que no se habrían trasladado al registro mercantil. "Al parecer no fueron debidamente inscritas en el registro mercantil", indicó.

Durante las últimas semanas, probablemente a la vista de la polvareda política generada con el casoGoicoechea, Pérez Arregui ha trasladado al registro mercantil sus ceses en dos empresas en las que, en todo caso, señala que desde junio de 2012 no ejercía de administrador. La dirección general de Función Pública del Gobierno de Navarra ha reconocido que no haber inscrito estas renuncias en el registro puede suponer "una irregularidad", aunque niega que se haya incumplido la ley porque indica que, pese a figurar como administrador, no ha desarrollado esa labor en ninguna de las empresas.

la consejera goicoechea En el caso de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, sus frentes abiertos han ido bastante más allá de un presunto incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Como es conocido, la exdirectora gerente de Hacienda, Idoia Nieves, le acusó el pasado 11 de febrero en sede parlamentaria de "injerencias persistentes" y aludió también a la petición de datos protegidos por su parte, en uno de los casos a instancias de la presidenta Barcina. La comisión de investigación consideró acreditado lo expresado por Nieves en el Parlamento y señaló que incurrió en "injerencias e intromisiones", dio "trato de favor" a algunos contribuyentes y, además, esta comisión otorgó máxima verosimilitud a las peticiones de datos protegidos.

En todo caso, los presuntos incumplimientos de Lourdes Goicoechea en relación a la Ley de Incompatibilidades quedaron en un segundo plano en la comisión de investigación. Éstos tendrían que ver con su proceder en relación a tres empresas siendo ya consejera. En primer lugar, la vicepresidenta ha figurado como administradora solidaria de la empresa Marchi SL, una filial del grupo Maher, desde junio de 2001 hasta el pasado mes de febrero. Esta situación salió a la luz en plena polémica por la crisis en la Hacienda Tributaria y la consejera lo atribuyó a "un error humano" que se produjo después de que, tras preparar la certificación de la renuncia al cargo de administradora solidaria, en 2011, la otra administradora de la empresa no la firmó.

El otro enredo de la consejera Goicoechea con la Ley de Incompatibilidades tiene que ver con las empresas Talleres Ezquerra y su filial Sommetrade. A pesar de que Goicoechea tomó posesión el 2 de julio de 2011, su firma como secretaria del consejo de administración aparece tres días después en la aprobación de las cuentas de estas dos empresas. Sin embargo, la polémica va mucho más allá. Según publicó el diario Gara, en el caso de Talleres Ezquerra el código que acompaña a las cuentas, la huella digital, no se generaría hasta el 21 de julio de 2011 a las 12.46 horas, tal y como consta en las cuentas de la empresa. Es decir, Goicoechea habría certificado la existencia de este código relativo a las cuentas 16 días antes de que existiese y presuntamente habría depositado las cuentas por vía telemática siendo consejera.

Por otro lado, la certificación de las cuentas de Sommetrade deja dudas en torno a su autenticidad, ya que parece claro que al menos su fecha se habría manipulado. Si en el caso de Talleres Ezquerra esa certificación se firma con fecha de 5 de julio en San Adrián, en el caso de su filial el lugar en el que se firma es "Zamudio Adrián", una errata que se podría haber producido tratando de sustituir el nombre de la localidad ribera por el del municipio vizcaíno en el que tiene su sede la filial.

la empresa de zarraluqui En el caso del consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, su caso también salió a la luz en plena crisis de la Hacienda Tributaria, una coincidencia demasiado sospechosa para serlo realmente. Entonces se conoció que el consejero figuraba, y aún lo hace, como administrador de una empresa creada por él. El titular de Fomento, que fue también director general de Ordenación del Territorio y Vivienda, creo el 1 de enero de 2011 la firma Urbenio Asesores Técnicos dedicada precisamente a la "coordinación e intermediación en la realización de estudios urbanísticos" y con sede en el paseo Sarasate.

Zarraluqui, que tomó posesión en junio de 2012 en sustitución del socialista Anai Astiz, alegó que la empresa jamás llegó a tener actividad. Sin embargo, lo más sorprendente es que Zarraluqui indicó que no la dio de baja porque le costaba dinero. "La he dejado latente (la empresa) porque no me cuesta dinero mantenerla, pero sí gastaría dinero en notaría y registrador para darla de baja ¿Para qué gastar dinero? Si algún día tuviera necesidad de echar mano de ella, le daría de alta en la licencia fiscal y trabajaría. Como no tiene ninguna actividad no me voy a gastar dinero", señaló. Zarraluqui tampoco mencionó esta empresa en su declaración de retribuciones, actividades y bienes, según señaló por no tener actividad y no ser patrimonio.

Más allá del debate legal de si figurar como administrador constituye en sí mismo un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, estas tres situaciones han evidenciado hasta qué punto argumentos que al menos en alguno de los casos han sido de lo más peregrinos son suficientes para salir indemnes para quienes deberían dar ejemplo de transparencia ante esos ciudadanos a los que, eso sí, no se les permiten ese tipo de excusas.