BILBAO - Un año después del último sabotaje, la kale borroka ha vuelto y con ella una polémica que la sociedad vasca tenía ya, si no olvidada, sí aparcada. La quema de ocho autobuses pertenecientes a la empresa de transporte público Bizkaibus, en las cocheras situadas en el polígono Ugaldeguren de Derio, sitúa el foco en el entorno de los presos y en el goteo de demandas de condena a la izquierda abertzale después de que la Ertzain-tza dilucidará que dicho incendio fue provocado, ya que en el lugar de los hechos aparecieron una garrafa de gasolina, restos de un petardo usado para provocar el fuego, así como pasquines en los que se alude al recluso de ETA Ibon Iparraguirre.

El ataque se produjo sobre la una de la madrugada de ayer y hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos que dieron por extinguidas las llamas casi cuatro horas más tarde. Después, la Diputación Foral de Bizkaia cifró en más de dos millones de euros el coste de los vehículos -siete completamente calcinados y uno muy dañado- que en el momento del ataque se hallaban aparcados y vacíos.

Las reacciones a lo acontecido no se hicieron esperar desde las instituciones y las formaciones políticas, toda vez que la autoría del ataque no requería siquiera de reivindicación a tenor de los elementos encontrados.

El Gobierno Vasco no tardó en expresar su condena enérgica en tanto que “el mero hecho de pensar que la quema de bienes privados y los perjuicios derivados para un servicio público en algo pueda beneficiar a la situación de gravedad de un preso enfermo es un sinsentido absolutamente condenable”. Análisis en sintonía con el del diputado foral de Bizkaia, Unai Rementeria, quien lo tachó de “injustificable” y una “salvajada”, a la espera de que la Policía vasca “detenga cuanto antes a los autores y los ponga a disposición de la justicia”.

Desde los partidos la mirada se fijó en EH Bildu, concretamente en Sortu, y en el entorno de los presos. Si bien la izquierda abertzale rechazó el sabotaje desligándolo de su actual proceder en la política y a sabiendas de que en nada favorece a la causa de los reclusos de ETA, el PNV condenó los hechos y les conminó a hacer pública su contrariedad ya que esta acción “proporciona más argumentos a quienes se niegan a aplicar otra política penitenciaria”. En su nota, los jeltzales despreciaron el “grave suceso”, mostrando su repulsa ante “cualquier forma de violencia, en este caso con supuesta intencionalidad política”. Para la formación nacionalista, el ataque “en absoluto” contribuye “al fin que dice perseguir, la liberación de un preso de ETA enfermo”. “Sería “deseable y positivo que todas las fuerzas políticas vascas y todos los colectivos del entorno de presos de ETA lo rechazaran”, recalcan.

El PSE se sumó a este análisis observando que “unos pocos parecen no haber entendido nada y pretenden dar pasos atrás”. “Desde hace tiempo, hechos como estos han quedado casi desterrados en nuestra sociedad, que ha reiterado una y otra vez su apuesta por una convivencia en paz”, valoraron desde el socialismo vasco.

Desde las filas del PP, el portavoz en Juntas de Bizkaia, Javier Ruiz, describió los hechos como “terrorismo callejero”. “Estamos ante un hecho grave que nos recupera tiempos e imágenes del pasado”, reprochó el dirigente popular en evidente referencia al mundo de la izquierda abertzale, a quien instó a condenar “sin paliativos” algo que pretende “amedrentar al conjunto de la sociedad con prácticas violentas y ocasiona grave perjuicio al erario público”.

Desde UPyD, el parlamentario Gorka Maneiro advirtió de que “nos seguirán teniendo enfrente”.

Desde Podemos, la representante en Juntas, Asun Merinero, criticó la quema porque “no favorece la paz y convivencia”, confiando en que responda a un “hecho aislado”.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) consideró el “rechazo” de EH Bildu y Sortu como “insuficiente” y llamó a su “responsabilidad” por lanzar desde las instituciones públicas mensajes que “favorecen la radicalización”.

sucesos ya “olvidados” Nada más producirse el atentado contra este servicio público, vecinos de la zona se percataron de que existía “una humareda potente” y “se oía cómo iban estallando las ruedas, los depósitos y los cristales, uno a uno, hasta que llegaron los bomberos”, generando inquietud por si “cambiaba el viento” y el fuego pasaba a afectar a la maleza, pero finalmente no hubo ningún peligro para las casas más cercanas al incidente. Desde el comité de GAM Txorierri Lujua Mungialdea, del grupo Acha Movilidad, operador de los autobuses incendiados, admitieron que algo así les “ha pillado por sorpresa” porque daban “por olvidados” este tipo de ataques, que consideran “muy graves” ya que podrían afectar a los puestos de los trabajadores.