El arzobispado afirma tener un firme compromiso contra los abusos, pero no impulsa ninguna investigación

PAMPLONa - La carta que al parecer el Arzobispado de Pamplona tenía guardada al fondo del cajón ha visto la luz. La diócesis ha respondido esta semana, con la firma del obispo auxiliar y vicario general Juan Antonio Aznárez Cobo, a las peticiones formuladas por la asociación de víctimas de abusos en centros religiosos, que ya en junio preguntó por las denuncias de este tipo recibidas en la institución y las medidas y protocolos que se hubieran instaurado o se fueran a implantar para afrontarlos. La respuesta de Aznárez resulta tibia, genérica y demuestra una falta preocupante de implicación con el asunto, a ojos de las víctimas. En resumen, el portavoz lanza un mensaje de compromiso firme de la Iglesia universal, y de la navarra como no podía ser de otra forma, “para desterrar de su ámbito la triste lacra de los abusos”, pero no muestra implicación alguna en las investigaciones ni habla de hechos concretos.

sin acciones hasta el 1-6-2020 Así, dice identificarse plenamente con el compromiso de velar por la integridad y derechos de los menores y personas vulnerables, así como de asumir la responsabilidad de que “nuestros espacios de convivencia sean seguros”. Sin embargo, el Arzobispado, según dice, no puede actuar de forma autónoma en dicha activación de medidas y será la Conferencia Episcopal la que está trabajando en dicha implantación de acciones que van a ser adoptadas conjuntamente por toda la Iglesia en España y que estarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Pero a la hora de calificar como tibia la misiva, las víctimas no solo aluden a esta demora en la implantación de medidas, sino al hecho propio de que el Arzobispado no parece dispuesto a implicarse de ninguna manera en las múltiples denuncias de abusos recogidas, por ejemplo, en este periódico, que acumula casi una treintena de testimonios de al menos siete colegios religiosos (seis de varones y uno de chicas). Solo así puede interpretarse sus palabras, cuando desde la diócesis se informa a las víctimas que “sobre los casos mencionados en los medios de comunicación, es público que los responsables de las congregaciones religiosas ante las que se han denunciado abusos se han reunido ya con las víctimas y que esas denuncias están siendo investigadas como corresponde”. Dicha afirmación puede ser calificada cuando menos de sorprendente, puesto que algunas de estas órdenes han declarado que iban a iniciar una investigación, pero desde luego no consta ningún documento público ni ninguna acción fiscalizadora que revele que dicha investigación se ha llevado a cabo.

Y cabe añadir que en los casos mencionados en este periódico, ni el colegio de Jesuitas de Pamplona se ha reunido con la víctima que denunció al padre Ruiz de Gauna ni lo ha hecho con el testimonio más reciente que publicó este periódico y que denunciaba los comportamientos de los hermanos Moles y Castillo. Asimismo, el colegio diocesano El Puy de Estella no se ha reunido con ninguna de las cinco víctimas que presentaron denuncia policial contra el fundador y primer director, José San Julián Luna. Tampoco el colegio de Salesianos, que se reunió con la primera de las víctimas, ha tenido la oportunidad de encontrarse con dos exalumnos más que ofrecieron sus declaraciones a este periódico y Maristas no lo ha podido hacer tampoco con Andoni, por expreso deseo de este, que denunció a tres profesores en los años 60. En el caso del colegio de los Padres Reparadores de Puente, en una primera reunión con tres víctimas, el máximo responsable llegó a insinuar que ninguno de ellos tenían el perfil apropiado de víctimas de este tipo y desde entonces no han tenido más noticias de la institución. De las supuestas investigaciones de todos ellos, salvo Maristas y Jesuitas -quienes sí ofrecieron datos de denuncias recibidas-, apenas las órdenes han podido aportar cifras, años e información del presunto trabajo de campo que han realizado.

La carta con la que ahora responde el Arzobispado también informa de que hasta el momento en el tribunal eclesiástico de la diócesis solo se ha presentado una denuncia (llevada a cabo por un exalumno de Salesianos contra el padre Manuel Ivorra, El Topi). En la misma, el Arzobispado dice que como el religioso señalado falleció hace años, no es posible iniciar un proceso legal para resarcir el daño causado, ni poder investigar los hechos.

El Arzobispado entiende que los abusos denunciados en Navarra y que afectan a media docena de órdenes religiosas no forman parte de su competencia y que, ante esos hechos, debe responder el superior de la institución correspondiente por tratarse de la organización eclesial responsable y no pertenecer a la diócesis territorial de la Iglesia. Las víctimas cuestionan seriamente este extremo y deseaban que precisamente la diócesis diera un paso ejemplar al frente para comandar dichas investigaciones.