“Querido compatriota”. Así comenzaba la carta buzoneada por Vox en la pasada campaña electoral para llamar al voto. Dentro de un sobre decorado con la bandera española, la misiva cargaba contra el modelo autonómico, la inmigración, la inseguridad ciudadana, el independentismo y la “dictadura progre”, cajón de sastre donde incluye al feminismo y la memoria histórica. Argumentos habituales del discurso del partido de ultraderecha, caracterizado por un claro perfil populista -apelar a las vísceras y dar respuestas sencillas a problemas complejos- que tratará de inocular en el día a día ahora más que nunca tras el resultado del 10-N.

Y es que esta formación fue la gran sorpresa de la noche electoral del pasado domingo, tan solo comparable a la debacle sin paliativos de Ciudadanos. De no tener representación en el Congreso a acceder a la Cámara baja con 24 diputados el 28-A y, seis meses después, dispararse al alza con más del doble de escaños, 52, lo que sitúa a los de Santiago Abascal como tercera fuerza en el Estado español, solo por detrás de PSOE y PP. De este modo, ya no pasa una semana sin que se produzca una salida de tono de dirigentes de Vox, y los días posteriores a las elecciones han sido prolijos en boutades con términos como “abortorios”, “lesboterrorismo” y “pornoterrorismo”, pronunciados en los parlamentos de Andalucía y Madrid.

La fulgurante expansión de Vox ha tenido matices en lo geográfico -su respaldo electoral se concentra en la mitad sur del Estado, donde fue primera fuerza en Murcia y Ceuta- pero ha sido transversal en cuanto a los apoyos recibidos. Así, una de las claves de su éxito es haber trascendido al electorado de derechas e incluso al de clase media-alta. El propio Abascal se congratuló, el día después de la cita con las urnas, de haber “superado la política de bloques y penetrado en el electorado socialista”. También ha seducido a los barrios obreros, el electorado joven y los abstencionistas.

Esta evolución tiene un precedente en Francia, donde núcleos de votantes comunistas derivaron en bastiones de la extrema derecha. El actual peso de Vox, con un 15,9% de apoyos el 10-N, equipara a la extrema derecha en España con la Liga Norte italiana, con un 17,4% en los últimos comicios y que llegó a ocupar la presidencia, el Partido de la Libertad de Austria (16,2%) y Alternativa por Alemania (12,6%). Queda todavía lejos del Frente Nacional francés (21,3%) y, sobre todo, del Partido Ley y Justicia polaco (43,6%) y Fidesz, en Hungría (49,3%).

Foto de Colón A la hora de llegar a este escenario también destaca el trasvase de votos que tuvo lugar el 10-N, sobre todo los dos millones y medio de sufragios que Ciudadanos se dejó por el camino desde las anteriores generales. Si el PP no se ha beneficiado del todo del hundimiento naranja -los populares pasaron de 4.373.653 a 5.019.869 votos-, obedece al conocido axioma de que, frente al sucedáneo, el votante opta por el original. Es decir, al proceso de blanqueamiento al que PP y C’s han sometido a Vox desde la famosa foto de Colón, la protesta conjunta de las tres formaciones -junto a Falange, España 2000, Hogar Social Madrid y UPyD- el 10 de febrero contra las políticas de Pedro Sánchez, que supuso la primera foto del presidente naranja, Albert Rivera, al lado de los de Abascal.

Una instantánea de la que hasta ese momento había huido como de la peste pero que visibilizó lo que a partir de entonces ha sido moneda de cambio común: el apoyo mutuo de las tres derechas para gobernar en instituciones tan importantes como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, con la presencia o el apoyo externo de Vox. Se trata de prácticamente los únicos nichos de poder que le quedan a C’s tras diluirse hasta casi la extinción después de negarse a posibilitar un gobierno de Pedro Sánchez, lo que contribuyó a provocar el adelanto electoral.

La mayor visibilidad de Vox al acaparar cargos tras las municipales, forales y europeas del 26 de mayo es otro factor detrás de su despegue, así como el conflicto en Catalunya, enconado tras la sentencia que imponía duras penas a los líderes del procés y a la que siguió la corta campaña electoral de diez días. La receta de la formación ultra para Catalunya incluía detener al president de la Generalitat, Quim Torra, prohibir los partidos separatistas y declarar el estado de excepción en dicha comunidad. Tras el 10-N ha dado un salto cualitativo y ahora propone bloquear las euroórdenes con Bélgica hasta que entregue a Carles Puigdemont y el resto de dirigentes huidos. Vox logró dos escaños en Catalunya, los mismos que el PP y C’s, aunque obtuvo más votos que los naranjas y dejó atrás al PP en Girona y Tarragona.

Ilegalizar partidos Con sus 52 representantes en el Congreso, Vox aspira a tener hasta dos representantes en la Mesa de la Cámara baja en la nueva legislatura, al tiempo que podrá realizar preguntas al presidente todavía en funciones, Pedro Sánchez, de forma semanal en los plenos de control al Gobierno. El partido ultra ya ha empezado a dejar muestras de su ideario, por ejemplo con su propuesta para ilegalizar a “aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación”, aprobada el pasado día 7 en la Asamblea de Madrid, en plena campaña electoral, con el apoyo de PP y C’s. Formaciones como el PNV criticaron a estos dos partidos por connivencia con la ultraderecha y por no posicionarse en contra de este afán ilegalizador.

Existen oasis frente a la expansión de Vox y, así, en las elecciones generales no obtuvo representación en la CAV, Navarra, Galicia, La Rioja y Melilla. Bizkaia -junto a Melilla- es de hecho el único territorio donde perdió votos en comparación con la anterior cita electoral, aunque diversas proyecciones vaticinan que, con los resultados del 10-N, Vox obtendría un escaño en las autonómicas en la CAV del año que viene.

Resulta harto paradójico que, pese a haberse ido de vacío en las generales en la CAV, el partido de Abascal llegue a afectar a esta comunidad con una de las prerrogativas que le otorgan sus 52 diputados en el Congreso: recurrir leyes ante el Tribunal Constitucional, un trámite para el que se requiere un mínimo de 50 escaños. La batalla se prevé enconada, en todos los frentes.