La Policía Nacional ha procedido a la expulsión del territorio nacional de dos hombres de 45 y 57 años de edad de nacionalidad bolivariana y ecuatoriana respectivamente ordenadas ambas por la Delegación del Gobierno en Navarra por infracción de la Ley de Extranjería.

El primer encartado había realizado sus primeros trámites para regularizar su situación administrativa en España en el año 2006 llegando a disponer de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Sin embargo y a pesar de su residencia legal inicial, vulneró la ley en repetidas ocasiones, atesorando hasta el día de su expulsión 16 detenciones, 6 de ellas por malos tratos en el ámbito familiar.

Cinco de las mujeres con las que mantuvo relaciones sentimentales le habían denunciado por diversos episodios de violencia de género por los que resultó detenido. En virtud de dichas denuncias se le impusieron sendas órdenes de alejamiento y de comunicación de sus víctimas decretadas por diferentes juzgados de Pamplona, las cuales llegó a vulnerar en cuatro ocasiones, por lo que fue detenido en todas ellas por quebrantamiento de medida cautelar.

Tras denegarle en el año 2017 la autorización de residencia temporal y trabajo, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras se le incoó expediente de expulsión en enero de 2018, siendo resuelto y notificado dicho expediente el mes de julio de ese mismo año, decretándose por parte de la Delegación del Gobierno en Navarra su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada de cinco años.

Tras haber cumplido íntegramente las penas de ocho sentencias a las que fue condenado por diferentes juzgados de la capital navarra, finalmente fue expulsado a Bolivia el pasado día 24 de noviembre.

Así mismo, el pasado día 10 se expulsó a Ecuador al ciudadano natural de dicho país de 57 años de edad previa tramitación del correspondiente expediente de expulsión siéndole impuesta la prohibición de entrada en nuestro país por siete años.

Había sido condenado en sentencia firme del abril de 2019 de la Audiencia Provincial de Pamplona por la comisión de un delito de abusos sexuales a una víctima menor de edad y amenazas a la pena de dos años de prisión y multa de 3.420 euros. Así mismo también había sido condenado por hurto en sentencia firme a la pena de 45 días/multa a cuatro euros/día.