¿Había hasta el momento alguna investigación de este tipo en el Estado?

-Se trata de la primera investigación en el marco del Estado español que se hace a requerimiento y financiada por una instituticón pública y que se circunscribe a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia y de centros religiosos un territorio concreto, en Navarra. Existe otra investigación llevada a cabo por la UPV, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad de Barcelona, un trabajo sobre Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional, que engloba desde el ámbito teórico y la criminología. Allí llegaron a 35 entrevistas en una labor conjunta de tres años.

¿Qué ha aprendido en esta labor?

-Los abusos en la Iglesia eran una cuestión muy invisibilizada. A raíz de las publicaciones de DIARIO DE NOTICIAS, con el primer testimonio de José Luis en el colegio de Reparadores de Puente la Reina, recuerdo un impacto importante porque mi padre estudió allí. Al margen de los años transcurridos, se trata de víctimas que tienen un gran dolor y que les truncó su desarrollo personal. Una de las frases que más repiten las víctimas es que aquello les jodió la vida y es que por aquello se truncaron los estudios de muchos y muchas. La respuesta mayoritaria fue dejar los estudios y hubo también consecuencias a nivel de que tuvieran relaciones sexuales. Todos han tenido alguna consecuencia en su vida. Una de las cosas que más me llama la atención es que el dolor y sufrimiento sigue muy patente a día de hoy. No ha sido nada excepcional que en todas estas entrevistas la víctima llorase y tuviera que interrumpirse la entrevista.

¿Nota que afloran más casos?

-En la última semana me han llamado siete personas a mi correo personal. Ni siquiera al correo oficial. Han hecho una investigación para averiguar la dirección, incluso me ha escrito una persona que vive en EEUU y vio en televisión lo ocurrido en Navarra. Hay tres o cuatro casos de la Providencia, junto al Arzobispado de Pamplona, que acogía a niños en desprotección. Otro de los casos fue en una parroquia de Estella por parte un sacerdote y otro caso más en Castejón, donde fue denunciado el párroco y profesor e incluso fue juzgado en los años 80.

¿Han contado con algún tipo de colaboración con el Arzobispado?

-Con el Arzobispado no nos pusimos en contacto porque ya se organizó una jornada de víctimas en Baluarte en la que declinaron asistir y en los contactos efectuados a nivel institucional siempre ha derivado la responsabilidad en las congregaciones religiosas. Coincidió que, al mismo tiempo de comenzar el trabajo, entregaron el informe a las víctimas del colegio diocesano El Puy de Estella, que era dependiente del Arzobispado. Se trata de un informe escuetísimo, de apenas tres folios, dirigido al primer denunciante, Jesús Zudaire, y no al resto de víctimas, en el que utiliza además un lenguaje siempre con presunción de víctimas, de hechos...

¿Por qué no puede obtener documentación de la Iglesia?

-Por los acuerdos concordaticios de 1978 y 1979 firmados entre el Estado español y la Santa Sede en el que el Estado se compromete a garantizar la inviolabilidad de todos los archivos eclesiásticos. Sin duda el poder acceder a archivos facilitaría la investigación. Esta es la única investigación que he llevado a cabo en la que lo único puedo esperar es que las víctimas se pongan en contacto conmigo. Sin ellas, no habría inofrme. Si tuviéramos esos archivos, podríamos conocer los datos del resto de alumnos, saber si consta como dicen algunas víctimas que denunciaron los abusos a las direcciones de los centros, poder trazar el recorrido de esos religiosos. Como sociedad llegamos demasiado tarde, al igual que con las víctimas del franquismo. No es una cuestión de cifras, no debemos centrarnos en el aspecto cuantitativo, sino en que detras de ese número hay una víctima que ha sufrido unos hechos que le marcaron de por vida. Y hay que darle la oportunidad de contarlo.

¿Por qué es la punta del iceberg?

-Por varias razones: en el 90% de los casos en colegios la víctima reconoció no ser la única en sufrir los abusos y consideraron que eran generalizados en la clase. Si un religioso metía mano con impunidad a un alumno en clase, bien en el estrado o en el pupitre, es factible pensar que lo hacía con más alumnos y no solo con uno. Además, hay victimarios que son denunciados con muchos años de diferencia. Es decir, uno es denunciado en 1948 y en 1968, pero ¿qué pasó en los 20 años entre ambos casos? Que no haya denuncias, no significa que no hubiera abusos. La Iglesia se servía de la teoría de las manzanas podridas del cesto, señalando a unas personas abusadoras en concreto, pero no a todo el cesto. Pero esa teoría se cae por su propio peso. Son 31 abusadores en 17 centros religiosos, en toda la geografía y en todas las décadas. Por eso, ahora la Iglesia se defiende alegando que se debe extender estas investigaciones a más ámbitos como el deportivo, el familiar, porque ahí también hay abusos. Y, por último, el carácter transnacional de la Iglesia católica hace pensar que los criterios detectados en otros países para trasladar a religiosos también se han llevado a cabo en Navarra por las mismas razones. Se les trasladaba por abusadores.