pamplona - La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, compareció ayer en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, para valorar la decisión del Tribunal Constitucional de anular gran parte de la ley foral de víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos. En su intervención, la consejera desmintió la versión que hace unas semanas deslizó la actual ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que sostenía que la ley vasca de víctimas de abusos policiales es constitucional y no invade competencias del Estado, mientras que la navarra sí. Y dejaba entrever además el Ejecutivo navarro no mostró voluntad de enmendar aquellos puntos que pudiesen ser conflictivos.
La consejera explicó que el Gobierno foral “intentó negociar con el Gobierno central para evitar el recurso”. Detalló la consejera que no habían pasado más de dos meses desde el inicio de esta legislatura cuando el 7 de octubre de 2015 tuvo lugar una reunión de una comisión bilateral entre el personal de la Administración del Estado y de Navarra, en el marco previsto por la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. Este mecanismo, previo a una posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad, buscaba precisamente trabajar en la consecución de un acuerdo que evite el recurso.
“En esta reunión a la que yo asistí, este Gobierno defendió como no podía ser de otra manera, la constitucionalidad de la Ley. Y aunque en ningún momento se cuestionó por parte de los representantes del Estado la competencia de Navarra en esta materia, en esta reunión no se avanzaron significativamente en la resolución de las discrepancias, se planteó la necesidad de una segunda reunión que jamás fue convocada y la respuesta fue la interposición del recurso”, narró la consejera, que manifestó la “voluntad del Gobierno de Navarra atender a todas las víctimas, desde una posición de rigor y ética de rechazo de la violencia”. - D.B.I.
