Pamplona - Hace apenas un año la ministra María Jesús Montero era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía. Y como tal, acudía a Madrid a recriminar al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que utilizara las herramientas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para ahogar el gasto de las comunidades autónomas. Censuraba la regla de gasto por ser una herramienta “muy opaca”, y avisaba de los perniciosos efectos que su aplicación estricta iba a tener en los servicios públicos tras los recortes.

Doce meses después las cosas se ven distintas desde el Ministerio de Hacienda. Tanto, que Montero actúa con Navarra con la misma disciplina fiscal que tanto criticó a Montoro. Al menos en esto, no se ha notado el cambio en el Gobierno de España. Y eso que cuando llegó a Madrid prometió que abordaría “una mejora del cálculo de la regla de gasto” porque supone un freno para que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas puedan hacer un uso más flexible del superávit. “Son cuestiones que tendremos que ir poniendo en marcha este año”, avanzó el 27 de junio en el Congreso.

Han pasado más de tres meses desde entonces, y el PSOE no solo no ha reformado la Ley Montoro, sino que mantiene la misma estricta interpretación que hacía el PP de la regla de gasto, y que en el caso de Navarra impide que el Gobierno foral pueda ejecutar el plan de 113 millones en inversiones que el Parlamento ha aprobado esta semana. Lo hace precisamente con el argumento de que Navarra ha incumplido la regla de gasto, que fija el margen de inversión de los gobiernos autonómicos respecto al año anterior, aunque tengan dinero. Y que determina que cualquier excedente, como el superávit logrado tras el acuerdo sobre el Convenio, vaya destinado a reducir deuda pública.

Las exigencias no se distinguen mucho de las que impuso el PP desde La Moncloa. Con la diferencia de que, donde antes había un ‘no’ claro, ahora hay un confuso cruce de mensajes y exigencias burocráticas para dilatar los plazos e impedir la ejecución de los proyectos. Con los socialistas navarros ejerciendo además como portavoces oficiosos del Gobierno de España en un intento de eclipsar la contradicción entre lo que decía el PSOE en la oposición, y lo que ahora hace en el Ministerio.

La consejera andaluza Porque se da la circunstancia de que quien con más firmeza criticaba al PP por sus exigencias de estabilidad, es hoy quien las sigue aplicando a rajatabla. Y quien alertaba de los riesgos de la regla de gasto, la exige hoy como criterio innegociable. “Hay que estudiar cómo se aplica la regla de gasto. Porque no parece ortodoxo que, cuando la recuperación aún no está bien asentada y no se ha recuperado lo que se ha deteriorado con la crisis, pasemos a la aplicación de la regla de gasto lastrando el desarrollo de servicios públicos”, afirmaba en marzo de 2017 María Jesús Montero, una de las primeras voces en alertar de las consecuencias negativas de su aplicación en las cuentas públicas.

Un criterio que hacía constar en cada Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen los consejeros de Hacienda con el Ministerio. Y donde era habitual que la representante del Gobierno andaluz recriminara a Cristóbal Montoro que exigiera mayor esfuerzo de déficit a las comunidades que a la Administración General, cuando son estas quienes ofrecen los servicios públicos básicos como la salud, la educación o la protección social. “La mayor parte del ajuste ha recaído sobre las CCAA y los ayuntamientos, han hecho un esfuerzo muy superior al del Gobierno de España”, defendía hace apenas dos años la ministra, que apostaba por que el Gobierno central cediera mayor margen de inversión a las comunidades.

Allí también hizo constar su oposición a la regla de gasto. “Se está aplicando una de las variables de estabilidad en un momento que no corresponde”, criticaba Montero, que llegó a reclamar un grupo de trabajo para fijar unos criterios claros y “arbitrar un procedimiento que permita consensuar una metodología de la regla de gasto”. De hecho, cuando el Ministerio fijó que en 2016 Andalucía había incumplido la regla de gasto (5,3% frente al 1,8% permitido), la hoy ministra replicó que el cálculo que hacía Madrid era “muy opaco”. Y cuando hace justo un año Montoro reclamó por carta a la Junta “medidas correctivas” para evitar un nuevo desvío, la dirigente socialista rechazó la medida porque “los datos con los que ha hecho el cálculo de la regla de gasto” no eran “transparentes”.

Un año después, la fórmula no solo sigue siendo la misma, sino que sirve de argumento para impedir a Navarra una inversión de 113 millones.

cuando pedía Que navarra pague más

“Privilegio injustificado”. Como consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero también se mostró crítica con el régimen foral de Navarra y la CAV. Hace menos de un año, el 24 de noviembre de 2017, su departamento hizo público un informe en el que planteaba varios cambios en el modelo de financiación autonómica. La propuesta no llega a pedir la supresión del Convenio y el Concierto, pero sí reclama que los regímenes forales aporten más al Estado. “Es necesario abordar un recálculo del cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados”, afirma la Junta, que reclama “metodologías más robustas” para “afinar” el cálculo de la aportación. - I.F.