Llega la cuenta atrás en la macrocausa contra el procés independentista. El auto de apertura de juicio oral dictado ayer por el Tribunal Supremo, que confirma la instrucción del juez Pablo Llarena da cinco días a Fiscalía y acusaciones para presentar sus escritos de calificación provisional, es decir que fiscales y Abogacía publicarán las calificaciones de la causa en el puente de los Santos, con el foco puesto en lo que pueda hacer la Abogacía del Estado.
abogacía del estado El papel de la Abogacía del Estado ha sido bastante más velado que el de la Fiscalía a lo largo del proceso, representando los intereses del Ministerio de Hacienda y persiguiendo el posible uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre del año pasado.
La mitad de los acusados -los que tenían cargos de responsabilidad en el Govern de Carles Puigdemont- están imputados por este delito y la clave es cómo estructurará su escrito de acusación: si uniéndolo a la comisión de delitos de rebelión o desobediencia, o si se limitará a acusar por la malversación.
la fiscalía El Ministerio Público lleva semanas preparando su escrito de calificación provisional, aunque siempre con la posibilidad de introducir modificaciones en la fase final del juicio, cuando deba exponer su calificación definitiva. Los fiscales del caso tienen claro que quieren mantener lo que han defendido en un año de instrucción: que los cabecillas del procés cometieron un delito de rebelión y esa debe ser la acusación contra ellos, al menos en la fase provisional.
La intención de la Fiscalía es modificar las peticiones de cárcel para los principales imputados por este delito según su participación, ajustándolas al margen más bajo que según el Código Penal es de 15 años de cárcel. El Ministerio Público atribuye al exvicepresident Oriol Junqueras el papel protagonista entre los procesados, lo que se verá evidenciado en un escrito de calificación que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, hará público en los próximos días.
acusación particular El partido de extremaderecha VOX es la única acusación popular personada en el caso y todavía mantiene ocultas sus intenciones con respecto al escrito de calificaciones provisionales, aunque desde el principio se ha mostrado proclive a acusar a los imputados de un delito de rebelión, con la solicitud al instructor y la sala de que mantengan contra ellos además las medidas cautelares más duras posibles. La defensa de Jordi Cuixart pidió ayer al Tribunal Supremo que expulse al partido de Santiago Abascal del proceso. El escrito alega que “la extrema derecha hace un uso fraudulento de la acusación popular para hacer propagada electoral”.
El TS, según las previsiones, pretende que el juicio arranque con las cuestiones previas antes de año nuevo, y los interrogatorios y resto de pruebas, a mitad de enero. Las de los acusados presentarán sus escritos llegado el momento, y también podrán plantear unas cuestiones previas que se prevén numerosas pues les han denegado 300 diligencias.
