pamplona - En vísperas del juicio del procés y tras el escándalo de la sentencia de las hipotecas que ha enterrado el prestigio del alto tribunal, PSOE y PP ultima la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces así como la presidencia del Tribunal Supremo. Los populares proponen como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial a Manuel Marchena, que además de tener un perfil muy conservador es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (la que juzga casos contra políticos o jueces) y ponente de la sentencia del procés. Los socialistas no aceptan en principio esta propuesta y plantean, por el contrario, a mujeres de perfil progresista.
La negociación sobre CGPJ depende solo de pactar el nombre del presidente, que es clave porque en el reparto que han acordado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Rafael Catalá, su antecesor del PP, rompería el empate a diez vocales para la izquierda y diez para la derecha, con su voto de calidad.
Los populares defienden que la presidencia del Poder Judicial es un puesto muy complicado que requiere a alguien con el perfil de Marchena, acostumbrado a duras batallas dentro del mundo de la justicia. El PP cree que una figura así es preferible a la de alguien con recorrido académico intachable pero poca experiencia en negociaciones complejas en un mundo muy competitivo, que son los perfiles que, en opinión de los populares, están manejando los socialistas.
Los populares se quedarán con sus 10 puestos y no tendrán que repartirlos porque Ciudadanos ha decidido no entrar en la negociación, ya que rechaza esta fórmula de elección de vocales mediante acuerdo entre partidos y plantea que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial.
Los socialistas, por el contrario, sí tendrán que repartir sus 10 al menos con Podemos. En un acuerdo puramente proporcional por el número de escaños, le tocarían 8 al PP, 2 a Ciudadanos, 5 al PSOE, 4 a Podemos y 1 al resto de grupos, pero la negociación la lideran el PP y el PSOE y nada indica que finalmente el reparto vaya a ser proporcional. El PSOE tiene previsto cederle a Unidos Podemos un nombre de los diez que tiene que proponer. La formación de Pablo Iglesias optará por la magistrada Victoria Rosell, que fue diputada del grupo confederal y dimitió por una investigación del juez Salvador Alba a partir de una querella del exministro José Manuel Soria que finalmente fue archivada.
La solución llegará probablemente este fin de semana porque el lunes termina el plazo para presentar en el Congreso los nombres de los ocho juristas nombrados por las Cortes.
La renovación está constitucionalmente prevista para inicios de diciembre, que es cuando acaba el mandato de Carlos Lesmes. PP y PSOE, que suman los apoyos parlamentarios precisos para sacar adelante la renovación, han negociado de espaldas al resto de formaciones en un momento en el que los jueces han anunciado una huelga, entre otras cuestiones, por la politización de la justicia.
El Parlamento no ha sido capaz en lo que va de legislatura de llegar a un entendimiento para cumplir con algunas de las sugerencias de instituciones, como el Consejo de Europa, que reclaman que sean los jueces y no los partidos los que designen al CGPJ.
PP y PSOE dejarían fuera, por tanto, a los nacionalistas de la renovación de la cúpula judicial en un momento en el que las formaciones soberanistas han cuestionado el sistema judicial por el juicio del procés. - D.N.
