El rechazo de Vox a las leyes de género pone a prueba el pacto andaluz entre PP y Cs

La negociación entre el PP y Vox, que está en fase inicial, se prevé más sencilla en lo que se refiere a bajada de impuestos, reducción de entes públicos o regeneración democrática, y complicada en asuntos como la violencia de género. Vox defiende la sustitución de la ley andaluza de Violencia de Género por una ley de Violencia Intrafamiliar y que se derogue la Ley Andaluza de Memoria Histórica, puntos que tendrán difícil su encaje en el pacto firmado por populares y naranjas. De hecho, Vox fue ayer tajante y anunció que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs si no eliminan, “entre otros”, el punto número 84 de su acuerdo programático, en el que los dos partidos se comprometen a implementar “con dotación presupuestaria suficiente” todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

PP y Cs pretenden también impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género que desarrolle en la comunidad “los avances logrados” por el Pacto de Estado. El líder de la formación en Andalucía, Francisco Serrano, advirtió a PP y Cs: “Esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. Lo que pedimos es que las ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna”, indicó Serrano, quien reclamó acabar con las subvenciones millonarias “a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda”.

Los populares y la formación naranja reiteraron horas después de la advertencia de la formación de extrema derecha su compromiso con la lucha contra la violencia machista. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió en un tuit que es “una obligación para todos” y que su partido aplicará el Pacto de Estado contra la violencia de género en todas las comunidades en las que gobierne. En este sentido se manifestó también la diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género, Marta González, que calificó de “sinsentido” que surjan dudas sobre la necesidad de proteger a las mujeres cuando en 2018 han sido asesinadas 47 mujeres y tres menores. A su juicio, no se dan las “circunstancias para que un partido pueda decir que no se puede seguir trabajando en esta línea, ya que se trata de un problema muy grave y muy serio”.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, considera el anuncio de Vox “un farol propagandístico” dirigido a sus “acólitos machistas” y no cree que vaya a cumplirlo, a la vez que ha confiado en que el PP y Cs no retiren su apoyo a la ley de violencia machista. No obstante, Álvarez ha manifestado su preocupación porque el PP “haga lo que tiene como práctica habitual” que es no derogar las leyes pero sí “dejarlas morir por inanición”, lo que es posible “que le ofrezca a Vox”. Ante esta situación, la portavoz socialista avisó de que en su partido estará vigilante.

Desde Unidos Podemos, la portavoz de Igualdad en el Congreso, Sofía Fernández Castañón, criticó que Vox “rebosa misoginia”, “atenta contra la democracia”, y “no duda en situarse fuera de la Constitución y del marco de los derechos humanos. Mientras existe un gran consenso por reclamar más formación en género para la Justicia contra la violencia machista, ellos rebosan misoginia de tiempos oscuros y una enorme ignorancia sobre lo que dicen todos los tratados internacionales”, reprochó. “Atentan contra la democracia porque no creen que seamos iguales: nada les puede alejar más de la gente”, zanjó.

Los desencuentros llegarán también previsiblemente en otra reclamación de Vox: la devolución al Gobierno central de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad, algo que se suma a la posición contraria de esta formación al estado de las autonomías. PP y Ciudadanos no sólo han acordado medidas para reforzar la gestión en esas cuatro áreas, sino que incluyen un punto específico de defensa de la unidad de España y del Estado de las Autonomías “bajo los principios de igualdad y solidaridad”. Además, reclaman un nuevo modelo de financiación autonómica para afrontar la mejora de los servicios públicos de su competencia.

En materia económica, las coincidencias son altas, ya que, por ejemplo Vox reclama la supresión del 99% de la cuota del impuesto de Sucesiones y Donaciones, punto recogido en el acuerdo de PP y Cs y que además es una de las medidas estrella acordadas. También pide una reducción del 5% en el tramo autonómico del IRPF, bajada que se recoge en el pacto, aunque sin cuantificar. PP y Cs se han comprometido a reducir esa tasa en todos los tramos de la escala autonómica.

La supresión de agencias administrativas “superfluas” que pide Vox también parece encajar con las medidas que PP y Cs quieren poner en marcha para “desmontar la administración paralela y racionalizar el gasto”, con auditorías y eliminación de entes.

El cambio de gestión en Canal Sur es otro punto coincidente, aunque Vox es más incisivo y pide reducir al máximo el gasto público en la radiotelevisión autonómica y suprimir uno de sus canales. PP y Cs se limitan a prometer la constitución de un grupo de expertos que estudie las posibilidades de “redimensionamiento y mejora” de la eficiencia de la RTVA. - D.N.

lo que pide vox: Familia, toros y caza

Programa. La formación que lidera Santiago Abascal quiere también que se sustituya la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una de Familia y Natalidad, aunque es poco probable que este punto forme parte del acuerdo, ya que Vox no entrará en el Ejecutivo. PP y Cs sí han pactado aprobar una ley de apoyo a las familias andaluzas, “adaptada a la realidad actual y a sus diferentes modelos”, con especial atención a las familias numerosas y monoparentales. También parece improbable que Vox vea atendidas sus peticiones en materia de tauromaquia y caza, para las que pide un plan de apoyo, aunque PP y Ciudadanos no hacen referencia a ello en su acuerdo.