pamplona - La Comisión Europea (CE) eludió ayer las negociaciones en marcha para la formación de un Gobierno en Andalucía, incluidas las exigencias de Vox para suprimir las leyes de género y las ayudas a las mujeres víctimas de la violencia machista para apoyar un Gobierno del PP y Ciudadanos (Cs), pero no desaprovechó la ocasión para defender en público la prioridad de promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se producen cuando el PP está a un paso de ceder a las exigencias de Vox, que reclama que se eliminen del acuerdo entre los populares y Ciudadanos las partidas destinadas a combatir contra la violencia machista. El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al partido de la extrema derecha “ampliar las ayudas a los hombres víctimas de la violencia doméstica”.

Tímidamente, porque aún no se ha producido el hecho, Bruselas marca su posición ideológica ante el cuestionamiento de uno de los pilares de los valores europeos: las políticas frente a la violencia machista y de igualdad. El mensaje va sin remite pero a buen entendedor sobran las palabras: el destinatario es el PP y también Ciudadanos, que intenta como puede descargar en el partido conservador la responsabilidad de recurrir a Vox para desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía en favor de un gobierno de derechas.

Preguntado por los periodistas sobre si las intenciones de PP, Ciudadanos y Vox supondrían una regresión de los derechos a nivel europeo. Bruselas considera que “los derechos fundamentales, la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una absoluta prioridad política”, se reafirmó Schinas. Tras apelar en varias ocasiones a “los valores europeos”, Schinas insistió en que el actual Ejecutivo comunitario ha hecho un trabajo “excepcional” para promover la igualdad entre hombres y mujeres “a todos los niveles”.

Bruselas también ha venido insistiendo para que todos los países de la Unión Europea (UE) ratifiquen y cumplan el Convenio de Estambul, que implica que las leyes nacionales recojan que si no hay consentimiento es violación. - D.N.