No es censura o persecución ideológica. Tampoco un ataque a la libertad de expresión. La imputación de Óscar Téllez por un presunto delito de odio responde a algo muy necesario en democracia: poner límites claros a discursos que humillan, estigmatizan, deshumanizan y señalan a colectivos vulnerables como una amenaza, en concreto menores migrantes no acompañados. La Fiscalía ha actuado tras recibir un informe detallado del Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo del Gobierno foral. El informe es claro: estos discursos crean un caldo de cultivo para la hostilidad y la violencia simbólica y, a veces, algo más. No se trata de una opinión política, sino de un análisis técnico y jurídico sobre un patrón de mensajes difundidos de forma reiterada y masiva en redes sociales. No es una frase aislada, el problema es el relato completo. Cuando un cargo señala a menores extranjeros no acompañados como “unos menas, nuevos menas que nos traen”, afirma que “evidentemente no traen ingenieros ni arquitectos” o concluye que “aparte de costarnos dinero, son un peligro”, no está informando: está construyendo un enemigo reconocible, colectivo y vulnerable.

El mensaje es constante: los menores migrantes no solo no aportan, sino que amenazan, delinquen y viven a costa de “nuestros impuestos”. Así, Téllez insiste en que “no les valen con los 300.000 euros ni con los 50.000 al año” y que “ocupan nuestra propiedad privada que hemos pagado con nuestro esfuerzo y nuestro sudor”. El resultado es una narrativa de expolio y miedo, diseñada para provocar indignación y rechazo. No es casual que, en ese mismo discurso, se cuestione abiertamente la protección de derechos fundamentales: “¿Los navarros no tenemos por qué saber la nacionalidad de quien comete los delitos? Claro que sí que tenemos que saberlo”. La nacionalidad deja de ser un dato irrelevante para convertirse en una etiqueta explicativa del delito. Y ahí es donde el discurso cruza una línea peligrosa. Quienes defienden a Téllez argumentan que solo “cuenta la realidad”. Él mismo lo asume: “No es difundir odio, es conocer la realidad de lo que pasa en las calles”. La realidad no se construye seleccionando casos, exagerando cifras, ignorando la presunción de inocencia y generalizando conductas delictivas a todo un colectivo. Pero eso no es realidad: es propaganda.

Ahora, la investigación judicial no busca castigar ideas incómodas sino analizar si estas opiniones fomentan –en el conjunto de la sociedad– odio, hostilidad o discriminación, tal y como recoge el Código Penal. Y cuando ese discurso se dirige de forma reiterada contra menores, personas migrantes o colectivos racializados, la administración y la justicia no solo puede actuar: debe hacerlo. Estos mensajes no se quedan en la barra del bar. Se viralizan, se amplifican y generan comunidades que normalizan frases como “son un peligro” o “no venían a trabajar”.

Esta imputación envían un mensaje nítido: no todo vale en nombre de la libertad de expresión, y menos aún cuando se señala a quienes menos capacidad tienen para defenderse. Mirar hacia otro lado, como ya ocurrió con el alcalde de Valtierra –que defendía una política de ayudas municipales vinculada exclusivamente al arraigo local– sí sería una forma de consentir y, en una sociedad democrática, el silencio institucional frente al odio nunca es neutral. Le leo en Instagram: ‘Si molestan en Sanfermines, molestan siempre’. Tiene 1.504 seguidores, esperemos que ni uno más o alguno menos!