pamplona - Horas después de que Pablo Casado, líder del PP, se mostrara contrario a pergeñar un “cordón sanitario” en torno a Vox al considerar a la formación de extrema derecha como un partido situado dentro de los límites de la Constitución, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, presentaba a su homólogo en el PP, Teodoro García Egea, un documento de 19 puntos. Entre otras cuestiones, se reclamaba la expulsión de 52.000 migrantes sin papeles, derogar las leyes de violencia de genero y de memoria histórica y devolver al Estado las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estos 19 puntos son las propuestas de Vox para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. El PP consideraba “inaceptable” el documento ya que, según Génova, este tipo de propuestas demuestran que el partido de Santiago Abascal “no quiere un acuerdo” en Andalucía.

El documento de Vox comenzaba exigiendo que el presidente andaluz del PP haga una declaración institucional a favor de la apertura de “un proceso nacional” de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia, y Orden Público, cuya generalización en el conjunto del Estado fue pactada por el Gobierno de Aznar con el PSOE; y que promueva una propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional” que figura en el texto que PSOE y PP pactaron cuando gobernaba Zapatero.

El partido que lidera Santiago Abascal pide derogar las leyes andaluzas de prevención y protección integral contra la violencia de género; de promoción de la igualdad de género en Andalucía; y de los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI; así como la de Memoria Histórica. Aboga también por una reducción de lo que llaman “gasto político” con un recorte “drástico” de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, y asociaciones y ONG “ideológicas”, la supresión de ayudas a inmigrantes ilegales, y la realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años.

Asimismo, y en referencia a la Radiotelevisión andaluza, Vox propone rebajar su presupuesto a la mitad y eliminar tres de sus cuatro canales y el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como liberalizar la el régimen de concesión de licencias de radio y televisión.

Por otro lado, pide colaborar con la Policía para expulsar a los que se hallen en situación ilegal, que cifra en 52.000, e ilegalizar organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal. Por último, la formación de la extrema derecha reclama acabar con la festividad autonómica del 28 de febrero, establecida por el referéndum que permitió a Andalucía acceder al estatus de comunidad histórica, para sustituirlo por el 2 de enero, aniversario de la toma de Granada.

Despropósito En una primera valoración, el partido de Casado consideraba que a Vox “parece importarle más Vox que los andaluces”. “Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar”, señalaron desde Génova. Según el PP, con este documento Vox “demuestra no quiere un acuerdo”. A su entender, si no cambia su postura, Vox estará desperdiciando una oportunidad histórica” para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo.

Asimismo, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, lamentó que Vox esté “bloqueando el cambio” en la comunidad y señaló que “ahora mismo hay más alegría en las sedes del PSOE que entre los votantes de Vox en Andalucía”. Este rifirrafe se producía horas después de que Casado tendiera puentes a Vox. En Onda Cero reprochó al PSOE por intentar establecer un “cordón sanitario” en torno a Vox a pesar de ser un partido situado “dentro de la Constitución”, único límite que ponen los populares para negociar con ellos. Según Casado, por ahora todo lo que ha dicho Vox en Andalucía está dentro de la Constitución.

Toque de Europa Estas conversaciones entre PP y Vox fueron analizadas también por la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, que rechazó alcanzar pactos con formaciones de extrema derecha tras ser preguntada por la posibilidad de que el Gobierno de Andalucía reciba el apoyo de Vox. Loiseau se refirió a la exigencia de cambiar la ley de violencia de género. “Vox quiere volver atrás en los derechos de las mujeres. Considero eso muy preocupante. Creo que se debe hacer todo para combatir ese tipo de extremismo”, señaló. - D.N.