PAMPLONA. La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha anunciado que el Ejecutivo foral va a recurrir la sentencia del TSJN por la que se anuló una orden foral de 2017 en la que se convocaban subvenciones para la realización de investigaciones acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.

Ana Ollo, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, ha señalado que el Gobierno recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo y ha afirmado que "en una Navarra que ha sufrido durante demasiadas décadas distintas formas de violencia injusta y vulneración de derechos humanos tenemos que trabajar por la paz y la convivencia desde la perspectiva y gestión de toda la memoria".

La consejera ha dicho que no se siente "satisfecha de lo que hemos avanzado en lo relativo a las víctimas no reconocidas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, precisamente por las trabas legales que se nos han puesto desde el Gobierno del Estado", que recurrió la convocatoria de subvenciones y también la ley foral de reconocimiento a víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, ambas cuestiones anuladas por los tribunales.

Ana Ollo ha señalado que "la tortura y malos tratos son un ejercicio de violencia ilegítima que nunca debió ocurrir y que requiere ser investigada" y ha incidido en que el Gobierno foral tiene "un camino lleno de dificultades, pero la voluntad es seguir avanzando en esta cuestión". En este sentido, ha confiado en que el Parlamento foral pueda aprobar una nueva ley para sustituir a la norma anulada por el Constitucional.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha criticado "los obstáculos y prohibiciones para visibilizar, reconocer y reparar a las víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos" y ha asegurado que se han producido distintas resoluciones judiciales "para frenar medidas institucionales y legislativas en ese sentido".

Bakartxo Ruiz ha señalado que "la consecuencia es que en Navarra hay una absoluta excepcionalidad en este tema y hay una prohibición casi insuperable para reconocer a estas víctimas". "Los poderes fácticos del Estado, incluido el pilar judicial, no quieren reconocer otro tipo de víctimas y se les niegan los derechos, cueste lo que cueste, para mantener el relato único", ha indicado.