Las defensas salen al ataque

La vulneración de derechos y el prejuicio político del Ts constituyen la médula del potente alegato de los líderes catalanes

08.02.2020 | 19:07
Puigdemont: "El juicio es un test de estrés para España"

Estos son los principales argumentos de las defensas de los líderes catalanes:

juicio excepcional vs juicio penal Mientras que algunos abogados como el del exvicepresident Oriol Junqueras hicieron referencia literal a "un juicio excepcional" -idea sobre la que pivotó buena parte del resto de intervenciones- y a una causa "muy politizada por no decir política", otros como el del exconseller Joaquim Forn dejaron claro que es "un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia".

diferentes procedimientos para los mismos hechos Varios abogados alegaron que el procés ha derivado en numerosas causas penales, unas en Barcelona, otra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial de los Mossos y ésta en el Supremo. Unos denunciaron la imposibilidad de acceder a la documentación de todas ellas; otros criticaron la división de la causa en dos (los miembros de la Mesa del Parlament serán juzgados en Cataluña); y otros que los altos mandos de los Mossos sean juzgados en la Audiencia Nacional cuando su superior, Forn está acusado en el TS.

desigualdad entre procesados La defensa de Carme Forcadell puso sobre la mesa la desigualdad entre los diferentes procesados derivada del hecho de que algunos de ellos, como Carles Puigdemont, se encuentran en libertad huidos de la Justicia mientras que otros están en prisión y van a ser juzgados por el Supremo: "Hay personas a las que no se persigue y otras llevan más un año en prisión".

causa contra la disidencia El abogado de Junqueras señaló que "la causa atenta contra la disidencia política" y se articula desde "el lado oscuro del derecho penal democrático".

criminalización También denunciaron algunos letrados "la criminalización del discurso político" de los acusados por considerarlos "traidores a la patria" y acusarles de cuestiones de naturaleza política. Cargaron contra el TS por cercenar investiduras o votaciones en el Parlament y buscar sacar de la arena política al anterior Govern. Algunos calificaron la causa de "un atentado a los derechos políticos".

penalización de la protesta Las defensas sostienen que la causa, en la que "se habla de esos sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña", penaliza y atenta al derecho a protestar, pues "lo que hacen los catalanes es protestar". Dicen que "50 (de las 127) páginas del escrito de acusación de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos".

falta de imparcialidad Prácticamente todas las defensas acusaron al TS de parcialidad. A cuatro de los jueces del tribunal por participar en la Sala que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía. A Francisco Monterde, magistrado de la sala de apelaciones, por su cargo en una asociación judicial que lanzó tuits contra los acusados. A su presidente Carlos Lesmes, por "calificar de heroico" el rol del antiguo instructor del juzgado 13 de Barcelona. "Hagan de jueces y no de salvadores de la patria".

libertad de expresión Afirmaron las defensas que esta causa "criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos" cuando el TEDH sí que permite hablar de la independencia "en términos de pueblo oprimido lucha, resistencia". Expresarse no puede ser un delito.

uso del catalán Los letrados consideran que la imposibilidad de traducción simultánea (sobre la que el TS no se ha pronunciado) perjudica a sus clientes y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrase en Cataluña. "Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano pero no me juego 17 años en prisión", dijo uno de los abogados.

¿dónde están las pruebas? La gran mayoría de los abogados solicitaron la suspensión del juicio en tanto no dispongan de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento: "No se puede empezar un interrogatorio sin estar presente la fuente de prueba solicitada", dijo el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. - D.N.