pamplona - Un duro marcaje al ataque inicial de los alegatos de las defensas. La Fiscalía respondió en el segundo día de la causa por el 1-O asegurando que ni se persiguen ideologías, ni se vulnera el derecho a votar, ni se impone caprichosamente una unidad territorial. “Este es un juicio en defensa de la democracia española. En defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978”, zanjaron Javier Zaragoza y Fidel Cadena, los dos representantes del Ministerio Público, quienes insinuaron además que los letrados de los acusados introdujeron en sus intervenciones datos falsos sobre el procedimiento. “La idea de que son perseguidos por sus ideas es una falacia colosal”, advirtieron, reseñando que no existe el derecho de autodeterminación.
“La pretensión de los pueblos de convertirse en Estado es insostenible”, subrayaron en su intento de desmontar las denuncias que los procesados lanzaron en sus cuestiones previas. “El derecho a la autodeterminación carece de cobertura normativa nacional e internacional”, relató Zaragoza, quien cargó contra la justicia germana por rechazar la entrega del expresident Carles Puigdemont: “El tribunal alemán ha actuado incumpliendo palmariamente la Orden Europea de Detención”.
Los fiscales recordaron que el juicio es producto de que “se incumplió la ley, se pretendió declarar la independencia” de Catalunya “en contra de la Constitución, se convocó un referéndum ilegal y se creó una legislación paralela y todo ello se hizo bajo el paraguas de la violencia”. Se produjo un “cóctel explosivo de unilateralidad”, donde el papel de los Mossos d’Esquadra resultó clave porque “se ponen completamente al lado de la rebelión”. Y es que, para el Ministerio Público, no hubo registros ilegales, no se han intervenido los teléfonos a los acusados, y no se les ha coartado sus derechos y libertades. “Hay una serie de posverdades que no son ciertas. Formas de expresión repetidas mil veces pueden parecer una verdad pero no es así. La soberanía reside en el pueblo español, es un valor absoluto y no se puede sustituir por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren. No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española (...) Catalunya no solo es de los catalanes separatistas, es de todos”, espetó Cadena. Otra de las “múltiples falsedades” para la Fiscalía reside en decir que votar no es delito. “El derecho a votar no se ejerce cuando un colectivo de ciudadanos lo desee, ni en cualquier momento, de cualquier modo y sobre cualquier aspecto”, matizaron. E irónicamente, Zaragoza se refirió al manifiesto firmado por 120 catedráticos de Derecho Penal que defienden la actuación de los dirigentes catalanes: “Solo firman un 15% de los catedráticos que hay y precisamente no son los de mayor prestigio”.
solo dos heridos graves La Fiscalía, que incidió en que “los acusados hace años que proclaman su ideología política y hasta ahora no se les ha perseguido, ya que los perseguimos por las acciones que han llevado a cabo últimamente”, cree que los dirigentes soberanistas “movilizaron a miles de ciudadanos que, como muros humanos, impidieron el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia”. Y que en la jornada del referéndum no existió violencia de los agentes porque “hubo un uso legítimo de la fuerza policial y solo hubo dos heridos graves”, contrariamente a lo que se percibe en las imágenes. En su alegato se ahonda en que los procesados atacaron la democracia española, el orden constitucional y” tienen que ser condenados por ello”. Además, mantiene que toda su actuación no es una mera desobediencia al Tribunal Constitucional, sino un acto rebelde que merece el delito de rebelión. “Han seguido el libro blanco en el que fijaba como objetivo la independencia” de Catalunya “aunque fuera con el uso de la violencia. Este es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional (...) Es un juicio en defensa de un sistema que garantiza los derechos elementales a todos los que forman parte de este país”, aseveró el Ministerio Público, convencido de que lo acontecido en esa fase del procés “fue una secesión consumada que, afortunadamente, fue neutralizada. En una democracia los ciudadanos son libres de estar en contra de la ley pero no pueden desobedecerlas”, añadieron los fiscales bajo una advertencia: “Se pueden tener todas las ideas, se puede defender el independentismo, pero no se puede quebrantar la ley”. Por ello rememoraron el papel de Puigdemont y cómo desde el Congreso y el Senado se le convidó para acudir y explicar su proyecto pero él no quiso ir. “No es de recibo culpar al Estado de la falta de diálogo como factor desencadenante que aboca a la decisión unilateral”.
hoy declara junqueras La segunda jornada fue más sobre ruedas que la primera. Porque no hubo colas a la entrada del Supremo, ni agolpamientos en los pasillos, ni gritos de admiración de miembros del público al ver a los abogados de Vox. Sí algunos corrillos con los acusados en libertad Carles Mundó y Santi Vila, el Judas del independentismo, como ha reconocido sentirse tratado en su tierra por dimitir antes de la DUI. Vila, de hecho, duerme en un hotel diferente al de sus dos compañeros de banquillo que no están en prisión y los familiares de los presos. Aunque en la sala, el amarillo fue el color ganador, en la ropa y complementos de estos últimos, menos numerosos ayer, se vieron menos detalles amarillos, color que sí lucía Carme Forcadell en su cuaderno. Contrastaba con el rojo de la agenda de Oriol Junqueras, más expresivo con las conselleras de ERC que el martes con Quim Torra.
El dato
Piden libertad para Santi Vila. Pau Molins, el abogado del exconseller Santi Vila, confía en que el tribunal levante a su cliente del banquillo de los acusados en el Supremo porque dimitió días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. Reclamó que saque de este procedimiento a Vila para que no sea juzgado en el Supremo al entender que no es el órgano competente para hacerlo, ya que no está acusado de rebelión, sino de malversación y desobediencia. A Vila se le pide una condena de siete años de prisión.
