Los proyectos que morirán con el 28-A

En el Congreso, en estos momentos, hay 19 proyectos para su tramitación por el procedimiento de urgencia que, no obstante, siguen estancados por la ampliación del plazo de enmiendas, decisión que casi semanalmente adopta la Mesa de la Cámara. Sánchez, en su declaración, criticó este “bloqueo” de PP y de Cs, que son mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara. Hasta quince leyes sociales se perderán tras la convocatoria anticipada de elecciones.

Cambio climático y energía. El 22 de febrero está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el gran paquete de lucha contra el cambio climático. Debido a varios retrasos, muchas de esas medidas no podrán entrar en vigor. Por un lado, se aprobará el plan nacional de energía y clima, una hoja de ruta que el Gobierno debía haber enviado a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre. Ahí se fija el futuro del cierre del carbón y la nuclear y el ritmo de implantación de renovables hasta 2030. No necesita tramitación parlamentaria en principio. Por otro lado, ese día se aprobaría también el anteproyecto de ley de cambio climático. Aunque la norma fuera por trámite de urgencia se necesitarían cinco meses para su aprobación, por tanto, España consumirá otra legislatura sin ley de cambio climático.

Igualdad y pensiones. En materia de igualdad, solo aquellos reales decretos convalidados estarían consolidados. El resto, lo que todavía está en tramitación parlamentaria, quedaría anulado y tendría que volver a comenzar el proceso en las nuevas Cortes Generales que se conformen tras las nuevas elecciones. Entre esa batería de iniciativas, la más urgente y a la que solo falta un último paso en el Congreso que, en principio, es inminente, es la pensión de orfandad por violencia machista (que pasa de 140 a más de 600 euros).

Delitos sexuales. El Gobierno dejará pendiente la revisión de los delitos sexuales que el Ejecutivo tenía previsto hacer a través de la reforma del Código Penal, así como la aprobación de una ley contra la trata de seres humanos, en particular, con fines de explotación sexual. En concreto, la revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa ya durante el Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la polémica sentencia que condenaba a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absolvía del de agresión. En el texto del anteproyecto el Gobierno de Pedro Sánchez planteaba eliminar el delito de abuso sexual así como suprimir las penas de multa para los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, sustituyéndolas por penas de cárcel.

eutanasia y pseudoterapias. El proyecto del PSOE para crear una ley de eutanasia está retenido en la Mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos, que prorrogaron, el pasado 12 de febrero, otra semana el plazo de enmiendas (llevan 23 prórrogas). La ley de paliativos está pendiente del trámite en el Senado, por lo que se retrasará y puede cambiar si varían las mayorías de las Cortes. Además, el real decreto ley para la universalización de la atención sanitaria, aunque fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio del año pasado, no se ha desarrollado porque el Gobierno decidió transformarlo en proyecto de ley, cuyo trámite no ha comenzado en el Congreso.

En el tintero se quedan también otros proyectos que ni siquiera habían empezado su trámite parlamentario. Es el caso de la ley de prevención del suicidio, la ley contra las pseudociencias y la nueva reglamentación para definir las especialidades médicas.

abusos sexuales. La Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, uno de los compromisos de Pedro Sánchez al llegar al poder, no tendrá tiempo de ser tramitada. Entre otros muchos aspectos, la normativa contempla que el plazo para juzgar los abusos sexuales a menores comience a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora mismo. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto, que aún tiene que volver a pasar por segunda lectura en Consejo de Ministros y, después, remitirse al Congreso para su tramitación.

ley wert. El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de ley de la nueva ley orgánica de Educación, cuya tramitación no se llegará a completar. El proyecto educativo tenía como principal objetivo tumbar la actual ley educativa (LOMCE), conocida como ley Wert, aprobada por el PP en 2013. Los principales ejes de la nueva normativa del Gobierno eran suprimir los llamados itinerarios en tercero y cuatro de la ESO (que conducían a los estudiantes a títulos de diferentes categorías), eliminar la asignatura de Religión como materia obligatoria en Bachillerato e incluir Ética como asignatura obligatoria en primaria y en secundaria. También quería poner coto al crecimiento de la enseñanza concertada en detrimento de la pública.

puntos de carné. La reforma del carné por puntos y la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) -entre los que se encuentran los patinetes eléctricos- son algunas de las medidas en materia de Seguridad Vial que se han quedado en el aire. Así, no vería la luz la reforma de la Ley de Tráfico, que preveía aumentar la pérdida de puntos por determinados comportamientos al volante. Según el borrador, la DGT pretendía retirar 6 puntos del carné por utilizar el móvil mientras se conduce. También queda pendiente el real decreto de medidas urbanas de tráfico. Este documento contemplaba la reducción de la velocidad en ciudades a 30 km/h para vías de un único carril por sentido de circulación -bajando incluso a lo 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera-.

Cultura. El ministro de Cultura, José Guirao, apuntó hace apenas una semana que esperaba “sacar adelante” en esta legislatura, o “al menos dejarla presentada”, la nueva ley de mecenazgo, algo que ahora se antoja imposible.

Límites al aforamiento. El Gobierno anunció en noviembre que limitaría con una reforma de la Constitución los aforamientos de diputados y senadores pero no obtuvo apoyo de ningún aliado en el Congreso. Sánchez ya rebajó las expectativas al pasar de una reforma exprés, con el objetivo de ejecutarse en 60 días, a darse un año de margen para realizar todos los cambios legales necesarios para acotar esta figura. Pero ahora no hay ningún tipo de margen de tiempo y el consenso para realizar el cambio constitucional parece imposible.

Voto rogado. El anticipo electoral frustrará la reforma de la Ley Electoral que perseguía acabar con el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero. El PSOE y Unidos registraron el pasado viernes una propuesta de reforma, pero ya es demasiado tarde para tramitarla. Ese informe, redactado con el PSOE, partía de la eliminación del ruego del voto, lo que permitiría que todos los españoles en el extranjero recibiesen la documentación en su domicilio, y planteaba adelantarles una papeleta en blanco, lo que facilitaría disponer de la documentación en plazo para agilizar los trámites.

Junto a esa papeleta, Exteriores sugería enviar unas instrucciones para que los electores pudieran conocer las candidaturas proclamadas a través de la web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular correspondiente. Y para emitir su voto las opciones seguían siendo dos: acudir presencialmente al Consulado, para lo cual se ampliaba de tres a siete días los plazos, o hacerlo por correo ordinario o certificado.

industria y jubilaciones. El real decreto ley de las licencias VTC ya fue convalidado en el Congreso y, por lo tanto, ha entrado en vigor. Eso sí: queda sin tramitar la legislación. Lo mismo ocurre con el paquete de impulso a la industria, que incluía la jubilación parcial en ese sector (una figura muy demandada por la industria, en especial, la del automóvil, con el fin de rejuvenecer sus plantillas) y ayudas a las plantas intensivas en electricidad, para evitar que se vayan industrias por el alto coste de la energía, a cambio de incentivos. Por el contrario, la convalidación del real decreto ley de vivienda que contemplaba una nueva regulación del alquiler fue tumbada en el Parlamento por Podemos. Y, en consecuencia, no entrará en vigor.

Tasa Tobin y tasa Google. En el ámbito de Hacienda, quedarán sin aprobarse los dos nuevos impuestos planeados: la tasa Google y la tasa a las transacciones financieras. Estaba previsto que ambas figuras tributarias tuviesen un proceso de tramitación parlamentaria de unos tres meses y pudiesen aprobarse en las Cámaras en junio, para que entrasen en vigor en octubre.

Reforma laboral. Los sindicatos llevan tiempo presionando al Gobierno para que haya cambios en la negociación colectiva para revertir parte de la reforma laboral de Mariano Rajoy o introducir vías de control de la jornada laboral. En diciembre, el pacto -sin CEOE- estaba casi hecho, pero el Gobierno no ha cerrado nada definitivo. Además, los autónomos se quedan sin un nuevo régimen.

ley mordaza. Los grupos parlamentarios alcanzaron hace una semana un acuerdo para que deje de ser infracción la grabación o difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado durante sus actuaciones o la convocatoria exprés de manifestaciones. Estas y otras modificaciones de la ley mordaza no podrán tramitarse en el Congreso en esta legislatura. - D.N.