pamplona - Desde junio de 2018, los proyectos de alta velocidad han recibido al menos dos duros correctivos por parte de autoridades fiscalizadoras del dinero público. Primero por parte del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que en un demoledor informe criticó el populismo político, los incumplimientos en los plazos y los sobrecostes que han caracterizado el impulso de la obra en el Estado. Y, más recientemente, el Tribunal de Cuentas del Estado destapó sobrecostes de 7.600 millones en las obras de trece estaciones del AVE. En un informe que el órgano fiscalizador estatal confeccionó tras analizar el estado de las obras de las estaciones de Alicante, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza se llegó a la conclusión de que los convenios y proyectos para estas obras se suscribieron “de manera genérica”, lo que provocó que “todos los convenios resultasen deficitarios” y en muchos casos se volviesen a tener que replantear, en términos más realistas y cuando parte del daño ya estaba hecho. Además, Cuentas subrayaba el escaso grado de ejecución de las obras salvo en Zaragoza y Logroño. - A.I.R.
