Londres - La primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, insistió ayer en su estrategia de brexit en medio de una crisis en su partido y en el laborista causada por la deserción de varios diputados descontentos.
En su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes, May explicó que en su reunión en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, renegociaría la polémica salvaguarda irlandesa, principal obstáculo para que se apruebe su acuerdo para la salida de la Unión Europea. La jefa del Gobierno rehusó también descartar una retirada sin pacto el próximo 29 de marzo.
En su intervención, May eludió referirse a la dimisión de tres diputadas conservadoras, que ayer anunciaron su marcha del partido gobernante por la gestión del brexit de la primera ministra, a quien acusaron de estar “sometida” al ala eurófoba.
Estas tres parlamentarias se han unido al llamado Grupo Independiente constituido en la Cámara de los Comunes por ocho colegas laboristas que también han dejado su formación desde el pasado lunes.
Los dimisionarios laboristas achacaron a su líder, Jeremy Corbyn, una mala gestión de los presuntos casos internos de antisemitismo y una postura ambigua respecto a la salida de la UE.
Estos once parlamentarios disidentes votarán ahora por su cuenta en los Comunes, lo que puede tener consecuencias para los planes de May y dificultar aún más el proceso de retirada del bloque.
A preguntas de Corbyn en la comparecencia semanal, May precisó que quiere obtener de la UE cambios en la salvaguarda -destinada a evitar una frontera en la isla de Irlanda después del brexit- que satisfagan “a la gente de Irlanda e Irlanda del Norte y aborden las inquietudes del Parlamento” de Londres.
“Lo que interesa son cambios legalmente vinculantes”, de modo que su tratado pueda ser aprobado por los Comunes y el país salga del bloque en la fecha prevista, señaló.
May dijo que Londres y Bruselas exploran tres posibilidades, sustituir la salvaguarda por “arreglos alternativos” como pidió el Parlamento en una votación el 29 de enero, poner fecha de caducidad a la polémica cláusula de seguridad o introducir un mecanismo que permita al Reino Unido rescindirla de manera unilateral.
solo dos vías La líder tory subrayó que hay solo dos vías para evitar que el país salga del bloque sin pacto, aprobar su pacto -rechazado por la cámara baja el pasado 15 de enero- o retrasar la fecha de retirada, lo que, advirtió, significa “permanecer en la Unión Europea”.
Esta fue la primera sesión de preguntas a la primera ministra tras la fuga de diputados de los dos principales partidos británicos frustrados principalmente por el brexit, a los que podrían sumarse otros en los próximos días.
May, que sigue con sus contactos diplomáticos, está bajo presión para conseguir cuanto antes concesiones significativas de Bruselas, pues se ha comprometido a convocar una nueva votación en la Cámara de los Comunes el 27 de febrero, haya o no logrado modificar su pacto.
La primera ministra afronta además la posible dimisión de varios ministros de su gabinete que rechazan dejar el bloque europeo sin un acuerdo bilateral, lo que también exige la mayoría de la cámara y el mundo empresarial.
Por su parte, la UE ha señalado que no renegociará el tratado ratificado por los Veintisiete el pasado 25 de noviembre pero está dispuesta en cambio a modificar la declaración anexa sobre la futura relación comercial bilateral.
El negociador jefe comunitario, Michel Barnier, admitió este martes en Madrid que está “muy preocupado por el impasse político” en el Reino Unido y señaló que la Unión Europea sigue con sus preparativos para el caso de que haya un brexit no pactado.
La EMA estará en Londres diez años
Medicamentos. El Tribunal Superior de Londres dictaminó ayer que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas en inglés) deberá cumplir el contrato de arrendamiento de su sede londinense, en vigor hasta 2039, pese a que está en proceso de trasladarse a Amsterdam debido al brexit. El juez falló a favor de la empresa propietaria del inmueble en el barrio de negocios de Canary Wharf que ha ocupado hasta ahora la agencia comunitaria, encargada de supervisar la seguridad de los medicamentos de uso humano y veterinario en la UE. La EMA tendrá que asumir los cerca de 500 millones de libras (575 millones de euros) del contrato. - Efe
