londres - Tras dos años con la fecha del 29 de marzo de 2019 marcada en rojo en el calendario como la materialización del brexit, la falta de consenso entre la clase política británica ha provocado que, finalmente, ayer no se produjera la salida del Reino Unido de la UE.

Esta fecha estaba establecida en virtud del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que la primera ministra, Theresa May, activó el 29 de marzo de 2017 y que fijaba el día de ayer como el final del periodo de dos años de negociación de los términos de la ruptura entre Londres y Bruselas.

La premier ha repetido por activa y por pasiva a lo largo de estos veinticuatro meses su férrea voluntad de cumplir con el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016 que dio la victoria al brexit y de concretar el divorcio ayer. Pero no pudo ser.

La incapacidad del Parlamento británico de definir qué tipo de salida quiere y las exigencias de la UE al respecto, han desencadenado una crisis nacional que ha obligado a pedir al bloque comunitario una prórroga, para evitar un brexit abrupto.

Tras meses de negociaciones entre el Reino Unido y la UE, en noviembre del año pasado ambos bloques lograron culminar el acuerdo de salida, que fue ratificado por los veintisiete estados miembros del club comunitario.

el trámite decisivo Faltaba entonces tan solo un trámite más, la aprobación del mismo por parte del Parlamento británico, para lograr el anhelo de May y de la UE: una salida ordenada este 29 de marzo de 2019 con la que comenzaría un periodo de transición hasta finales de 2020 y la segunda fase de las negociaciones para terminar de perfilar la futura relación. Sin embargo, ese en apariencia sencillo procedimiento ha sido el que ha obstruido todo el proceso. El Parlamento británico no quiere ese acuerdo.

En dos ocasiones, el 15 de enero y el 12 de marzo, había dejado ya claro por abrumadoras mayorías que no admite esos términos de salida. El principal obstáculo ha sido la salvaguarda irlandesa, un mecanismo ideado para evitar el restablecimiento de una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda que no contenta a los diputados de la Cámara de los Comunes. - Efe