pamplona - El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró el pasado jueves en su declaración judicial como imputado por la pieza 10 del caso Tándem, sobre una presunta campaña ejecutada por la policía patriótica del PP contra Podemos, que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estaba al tanto de estos movimientos.

Según avanzó la Ser y ratificó Europa Press a través de fuentes jurídicas, Villarejo se perdió en “conjeturas” sobre el posible origen de la campaña orquestada contra Iglesias, operación en la que implicó a “la pequeñita”, en alusión despectiva a Sáenz de Santamaría. Según declaró, en un primer momento la exvicepresidenta estuvo interesada en el auge de Podemos, al entender que perjudicaba al PSOE. Sin embargo, el crecimiento de la formación de izquierdas y la posibilidad de que se aliara con los socialistas para desalojar al PP de la Moncloa le hicieron cambiar de parecer, opina el comisario jubilado. Villarejo, que negó haber tomado parte en el informe PISA elaborado para desacreditar a Iglesias, declaró además que en el caso del robo del móvil de una asesora del líder de Podemos él se limitó a procesar la información de dicho teléfono y emitir un informe para sus superiores.

Dicha información apareció en Ok Diario, una publicación que acabó por probar en sede judicial la existencia de la operación policial contra Iglesias. En primera instancia y en la Audiencia Provincial de Madrid se desestimó una demanda del líder de la formación morada considerando que había veracidad en la noticia porque se basaba en algún tipo de información policial, tal y como recuerda Podemos en un escrito a la Audiencia Nacional. La documentación fue aportada por Eduardo Inda, director de Ok Diario, en el proceso judicial que se siguió por la demanda que interpuso Iglesias por intromisión al derecho al honor. Ahora, Podemos quiere que se incorpore a la causa Tándem.

Podemos apoya su denuncia con un documento firmado ante notario en el que un ciudadano de origen venezolano aseguraba que trabajaba como confidente para la policía y acreditaba los pagos que recibió. Era la persona que había facilitado la información con la que se construyó la noticia que relacionaba a Podemos y Venezuela. En la misma se hablaba de un supuesto pago del Gobierno de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias a través de un banco en el paraíso fiscal de Granadinas. Fuentes policiales confirmaron ayer a Efe que, como publicó El País, a ese ciudadano se le concedió un permiso de residencia en España de un año “por razones de colaboración con las autoridades policiales”. Dicho permiso fue firmado por el secretario de Estado de Seguridad en aquel momento, Francisco Martínez. Podemos quiere que el juez investigue esas informaciones nunca verificadas, así como la concesión del permiso de residencia.

El informe PISA fue elaborado en 2016, poco después de las elecciones generales y de que unos meses antes a una colaboradora de Podemos, Dina Bousselham -asistente de Iglesias cuando era eurodiputado- le sustrajeran el móvil con datos que afectaban al partido. Un robo en el que, según la versión de Villarejo, él no tuvo nada que ver y que achacó a un acto de venganza o despecho hacía esa trabajadora de Podemos.

Una copia con los datos del teléfono en un pendrive llegó a la redacción de la revista Interviú, que consideró que el contenido no era publicable y su entonces director, Alberto Pozas (aunque no citó su nombre), se lo hizo llegar a Villarejo, según las fuentes jurídicas consultadas.

Pese a que su defensa dio a entender el jueves que la obtención de esos datos se produjo en el marco de una investigación policial, su abogado, Antonio José García Cabrera, precisó ayer que él no dijo que el excomisario estuviera en una investigación policial sino que la obtención de esos datos fue “un hecho aislado”.