pamplona - Representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra, PSN y Podemos coincidieron ayer en la necesidad de impulsar y desarrollar una ley que despenalice la eutanasia, en un debate en el que no estuvo presente el frente de derechas de UPN, PP y Ciudadanos, ni tampoco Vox.

Así quedó de manifiesto en una mesa redonda organizada por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Navarra bajo el título Ley de eutanasia y suicidio asistido, sesión celebrada en el Palacio del Condestable con tanta afluencia de público que al menos una veintena de personas se quedaron fuera. En el debate, la socialista Nuria Medina afirmó que el PSOE considera el derecho a la eutanasia como “un derecho subjetivo y ampliamente consensuado”.

Asun Fernández de Garayalde, de EH Bildu, señaló que la despenalización de la eutanasia es “un derecho que tiene toda persona a disponer con libertad y dignamente de su cuerpo y vida y elegir libremente el momento y medidas necesarias para finalizar esa vida”.

Según expresó, despenalizar la eutanasia “no va a aumentar la misma, sino que va disminuir el sufrimiento de las personas”, que, dijo, deber ser la base sobre la que pivotar “el debate y la ley”.

Koldo Martínez, de Geroa Bai, aclaró que los cuidados paliativos y la limitación del esfuerzo terapéutico son prácticas médicas reconocidas y aprobadas legalmente en España y que la eutanasia y el suicido médicamente asistido están penalizados.

Por tanto, pidió tener “muy en cuenta” los requisitos porque, quienes están por la despenalización de estas dos prácticas médicas tienen a algunos partidos, a la Iglesias y a la organización médica colegiada en contra. Desde Podemos, Mikel Buil sostuvo que el dilema ético “está resuelto ya” y que se podría tener una ley que aborde esta cuestión si no se hubiera dado, en referencia a los partidos políticos, “la dificultad de poner los consensos por delante y mirar más a ver quién lo hace o no”. Además, sostuvo que en la actualidad se están viendo “casos de desobediencia civil” y “personas que se arriesgan a estar de 2 a 6 años en la cárcel para poner sobre la mesa la urgencia del derecho a una muerte digna”.

La representante de I-E, Edurne Eguino, explicó que el “debate social está hecho” y que, como sociedad, se puede entender la necesidad de contar con una ley que “impida sufrimientos extremos” y la “igualdad a la hora de acceder a la eutanasia”. - D.N./Efe