pamplona - El juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1 de octubre ha iniciado los trámites para garantizar el pago de la fianza de 5,8 millones de euros que impuso a diecisiete de los treinta procesados, entre los que se encuentran altos cargos del Govern y empresarios que están imputados por malversación de caudales públicos.
Estas personas a través de la Caixa de Solidaritat -entidad constituida para sufragar los costes judiciales de la causas contra el procés- consignaron la semana pasada un montante de 3,7 millones de euros y alegaron que los 2,1 millones que faltaban fueran descontados de la fianza que en su día ya depositaron los acusados que se hallan en el Tribunal Supremo al considerar que los hechos son los mismos.
Este argumento no ha convencido a la secretaria judicial del juzgado 13, Montserrat del Toro -cuyo testimonio fue crucial para acusar de rebelión a los Jordis cuando describió el asedio que padeció en la sede de Economía el 20-S-, que ha enviado un escrito a la juez en el que contradice la versión de los investigados.
La juez Alejandra Gil deberá pronunciarse en los próximos días sobre esta cuestión y sobre la posibilidad de procesar además por un delito de organización criminal a 28 altos cargos del Govern y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tal y como le requiere la Fiscalía. El ministerio público presentó ayer un recurso en el que pide acusar por ese delito a 28 de los 30 procesados. - D.N.
