La Justicia reabre el caso de la venta de vivienda pública por Ana Botella a un fondo buitre

Ordena indagar si hubo malversación y fraude en la operación por la que Blackstone se hizo con 1.860 pisos a precio de saldo

09.02.2020 | 12:05

madrid - La Audiencia Provincial ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas públicas vendidas por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone, al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados. Así lo han acordado los magistrados de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto que ordena al juzgado de instrucción número 38 de Madrid que vuelva a iniciar sus actuaciones.

En este auto los tres magistrados aluden a la sentencia del Tribunal de Cuentas que cifraba un quebranto de 25 millones de euros en esta operación y asegura que además de un "ilícito administrativo", "entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".

La exregidora del PP fue "responsable directa" de que el Ayuntamiento vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. Los beneficiarios fueron dos fondos buitre de Fidere, parte del conglomerado de Blackstone, recogía el informe.

Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, por la venta. El auto no menciona a Ana Botella.

Es la segunda vez que la Audiencia Provincial de Madrid ordena al juzgado volver a investigar el caso. La primera vez fue en octubre de 2017, después de que la Cámara de Cuentas plasmara en un informe de fiscalización -del que se nutrió la sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas- que Botella y su equipo habían "vulnerado las más elementales reglas de gestión". La venta ingresó en las arcas municipales 128,5 millones de euros. A cambio, el Ayuntamiento entregó a Blackstone viviendas sociales a precio de saldo.

En el informe de la Cámara de Cuentas se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar. A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de compradores dada la información privilegiada antes de la venta que tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere. - D.N.