madrid - Juezas y Jueces para la Democracia lamentó ayer que el Tribunal Supremo haya suspendido temporalmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y denunció la “falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad” del alto tribunal.
En un comunicado, la asociación de jueces considera que esa decisión confirma “la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron”.
Tacha de “insólita” la argumentación del TS, quien explicó el martes que paralizaba los planes del Gobierno, que preveía exhumar al dictador el 10 de junio, para evitar una situación “extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes sino también para el interés público”.
Para estos jueces resulta “incomprensible” que se pueda hablar de una coincidencia entre los intereses de la familia Franco y el interés público y resulta también “insólito” que en la resolución se nombre al dictador como jefe de Estado, sin otra connotación.
“Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, denuncia la asociación.
Consideran estos jueces que la exhumación de los restos mortales del dictador es “una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica” y responde además a un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos.
Por su parte, Izquierda Unida registró ayer una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie sobre el hecho de que el Tribunal Supremo considere que el dictador Francisco Franco fue jefe del Estado desde octubre de 1936, en plena Guerra Civil y cuando había también un presidente de la República en ejercicio, Manuel Azaña. Así, la diputada Eva García Sempere quiere conocer la opinión del Ejecutivo sobre el fallo del Tribunal Supremo incidiendo especialmente en lo relativo a considerar al dictador como jefe del Estado ya desde el 1 de octubre de 1936.
Desde UGT, su secretario general, José María Álvarez, alertó ante el “nivel de desprestigio altamente preocupante” que está alcanzando, en su opinión, el Supremo. Álvarez expresó la “decepción” y “desacuerdo” del sindicato con el fallo del Supremo y criticó en particular que los jueces que firman el fallo sostengan que Franco accedió a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936, fecha en que el general fue investido como jefe del Estado por el bando sublevado.
“Situar que un dictador asume la jefatura del Estado cuando hay un presidente legítimo de la República y que lo haga el máximo tribunal del país es un desprecio a la democracia y a las víctimas del franquismo que aún están en las cunetas”, ha denunciado. Álvarez también lamentó la decisión de suspender de manera cautelar la exhumación hasta que el tribunal no resuelva sobre el fondo del asunto. - Efe
“necesitamos abordar la situación”
El abad de los Caídos deberá aceptar la decisión. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, consideró ayer, respecto a la exhumación de los restos de Franco, que los españoles “necesitamos abordar esa situación”, y aseguró que el abad del Valle de los Caídos aceptará la decisión de los tribunales. “El Valle de los Caídos es un espacio religioso pero también pertenece al Patrimonio del Estado en el que está enterrado el general Franco. Los españoles necesitamos abordar esa situación y al no haber habido un acuerdo, los tribunales tienen que hablar y el abad aceptará lo que el tribunal diga”, señaló Argüello.
