MADRID. La defensa de Carme Forcadell ha acusado a la Fiscalía de exagerar, magnificar e inventarse su conducta, lo que demuestra que se la juzga "por quien es" al asegurar que "ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones".

En su informe final ante el tribunal del "procés", la abogada Olga Arderiu ha denunciado el agravio comparativo entre la expresidenta del Parlament, que está siendo juzgada en el Supremo por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel mientras que sus compañeros de la Mesa serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña.

"No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (...) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno", ha indicado.

Por ello, ha cargado contra los fiscales que la acusan "por quien es y no por lo que ha hecho", al manifestar que es "la única acusada" que aparece en el escrito del Ministerio Público de la que se nombra su cargo anterior a 2017, cuando era presidenta de la ANC, y también porque, pese a que no se le impute malversación, se le pide más pena que algunos exconsellers.

Arderiu, que ha presumido del carácter pacífico de su clienta, se ha adherido a los argumentos del resto de las defensas para negar la rebelión porque si "es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la violencia normativa que no aparece en el Código Penal".

Negada la rebelión, la letrada ha señalado que "en el peor de los casos se puede ver si la conducta se incardina en una desobediencia", un delito que aceptan la mayoría de sus compañeros, aunque ella no lo asume porque, en su opinión, el Tribunal Constitucional ha criminalizado la actuación de la Mesa de la cámara catalana.

Además, ha continuado, el tribunal de garantías "había permitido debatir sobre la independencia con más de 20 resoluciones aprobadas" que "no se consideraban inconstitucionales porque no había mayoría para aprobarlas", de manera que su posterior actuación responde a "decisiones de oportunidad política".

Sobre las advertencias del TC, ha afirmado que "se habla de siete requerimientos pero es mentira. Recibió cinco que son tres de las que no importan dos", lo que la lleva a asegurar que "aquí se trata de exagerar o magnificar en todo momento la conducta de la señora Forcadell".

La abogada ha querido dejar claro que cuando se tramitaron las diferentes leyes o resoluciones claves del procés "ni la Mesa ni la presidenta tienen ninguna facultad para impedirlo" a lo que ha añadido que su "inviolabilidad (parlamentaria) no es una excusa para cometer delito, sino que es una garantía".

Para terminar, la abogada ha reiterado la enésima petición de libertad de Forcadell. "Lleva 446 días en prisión, ha colaborado en todo momento y existen medios menos gravosos, se nos ha dicho que la prisión era para asegurar su presencia en el juicio, que acaba hoy mismo".

La defensa de Cuixart enmarca sus actos en el derecho de reunión pacífica

La abogada del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha enmarcado su participación en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía dentro del ejercicio del derecho de reunión pacífica, frente a una acusación que ve este derecho como "desorden, caos, malestar y desafío a la autoridad".La letrada Marina Roig ha pedido este miércoles en la última jornada del juicio del "procés" la absolución de Cuixart, quien únicamente participó, ha recordado, en esa concentración del 20-S, principal objeto de acusación contra el líder independentista.Este registro ordenado por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O, ha asegurado, se efectuó con normalidad y sin impedimentos, y su defendido siempre llamó a la protesta pacífica y no violenta.

De hecho, según su versión, Cuixart "insistió siempre en que la concentración debía mantener un carácter pacífico" y "exhortó a la ciudadanía a que no se comportara de manera violenta".La abogada ha hecho una defensa de las manifestaciones ciudadanas como un instrumento "crucial para criticar la represión" y ha opinado que en este juicio "en vez de ver en las manifestaciones un elemento legítimo de la democracia, los poderes públicos las abordan como una amenaza, algo que tiene que ser suprimido".

Roig se ha referido al episodio de los coches dañados de la Guardia Civil, aparcados frente a la Conselleria, para sostener que esta actuación puntual "en ningún momento dado puede servir" para tachar la manifestación de violenta ni se puede achacar la responsabilidad a los acusados.

También sobre las imágenes de Cuixart subido en uno de los vehículos, ha sostenido que "es irrelevante que en el momento de subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar utilizara palabras como 'desde este altar majestuoso'", ya que lo que el acusado quería era "convencer a los manifestantes de que se fueran a casa porque la comitiva judicial tenia que salir".Y ha reprochado a la Fiscalía que haya "menospreciado" el informe de un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los líderes independentistas catalanes, criticado también por el Gobierno español.

En relación al 1-O, cuando Cuixart únicamente llamó a votar de forma pacífica, ha indicado que lo acaecido esa jornada no implica "una amenaza susceptible de doblegar la voluntad del Estado y poner en jaque la unidad nacional" y ha protestado porque la "defensa de la unidad de España" no puede "enturbiar" la protección de los derechos fundamentales en los que ha encuadrado la actuación de su cliente.

Sobre las lesiones a votantes en la jornada del referéndum, ha dicho: "No puede atribuirse al señor Cuixart ni al resto de los acusados la lesión a los ciudadanos de agentes por el uso desproporcionado de la violencia".

Y como el ejercicio de derecho de reunión no puede ser delito y derecho fundamental al mismo tiempo, tampoco se sostiene, a juicio de la letrada, el delito de sedición porque las manifestaciones que ocurrieron en el otoño de 2017 no pueden calificarse de "alzamiento tumultuario".

Durante su intervención, la letrada ha lanzado varias preguntas a la Sala: "¿Es necesario el recurso al derecho penal? ¿Es proporcional y necesaria la sanción que piden las acusaciones?" Según entiende la defensa, "tenemos que contestar que no". EFE