Amaia Izko Aramendia | abogada y concejal de eh bildu en pamplona

“Este juicio no tiene otro sentido que llevarnos al pasado”

A partir del 16 de septiembre comenzará el jucio en la Audiencia Nacional contra 47 personas por defender los derechos de los presos de ETA. 11 de los acusados son navarros, entre ellos la abogada y concejala en Pamplona Amaia Izko.

09.02.2020 | 17:47
Amaia Izko, abogada y concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, en la plaza de Los Burgos.

A partir del 16 de septiembre comenzará el jucio en la Audiencia Nacional contra 47 personas por defender los derechos de los presos de ETA. 11 de los acusados son navarros, entre ellos la abogada Amaia Izko.

pamplona - Ocho años después de que ETA anunciase el fin de su actividad armada y con la organización ya disuelta, 47 personas, entre abogados, familiares y miembros de asociaciones de apoyo a los presos, se enfrentan a una petición fiscal de penas de 601 años de cárcel en total. Fueron detenidos hace cinco años y dejados inmediatamente en libertad. Durante todos estos años han seguido con su labor. Es el caso de la abogada navarra Amaia Izko, ahora también concejala en el Ayuntamiento de Pamplona por EH Bildu, que considera que "en un momento en el que la violencia de ETA forma parte del pasado, también del pasado deberían formar parte las respuestas represivas a esa violencia". El próximo 5 de julio llaman a participar en una manifestación de protesta contra este proceso, a las 19:00 horas en la plaza de Los Burgos.

¿Qué supone vivir tantos años con la amenaza de que puede entrar a en la cárcel?

-Hay que hacer un gran ejercicio de abstracción para que esa gran espada de Damocles no condicione tu vida personal y profesional. Al final nos han atacado por esa actividad profesional que hacíamos y que seguimos haciendo. Entonces la sensación es de ir siempre por el borde del abismo. Te preguntas en qué momento puede volver a ocurrir o se puede agravar la situación porque continuas haciendo la misma labor. Nos ha condicionado a todos los encausados.

¿Cómo vive su familia la situación?

-Es lo que más nos pesa, lo que condiciona a nuestras familias, esa amenaza de cárcel, de dispersión. Además, en este momento en el que ya parece algo del pasado.

¿Volvería hacer lo mismo por lo que le van a juzgar?

-Yo continúo con mi actividad profesional y mi aportación política. La defensa y la asistencia de los presos políticos en los tribunales y en las cárceles. Y desgraciadamente sigo haciéndolo porque sigue siendo necesario denunciar irregularidades y vulneraciones graves de sus derechos fundamentales.

¿Qué sentido tiene este macrojuicio ocho años después del final de ETA?

-No tiene ningún sentido en estos momentos. Cuando se produjeron los operativos policiales el sentido fue tratar de impedir una vía de soluciones y resolución. Ahora, cuando miramos cómo han sido los años desde 2011 a 2018, en todo el transcurso de disolución de ETA, podemos ver cómo ha sido un proceso torpedeado por el Estado español. Y lo han hecho desde el flanco de los presos, que desde 2013 ya dijeron que querían aportar en el proceso. Ese es el único sentido que han tenido nuestros operativos. Y a día de hoy, hacer este juicio no tiene otro sentido que querer llevarnos al pasado otra vez.

¿Alberga esperanzas de un acuerdo previo con la Fiscalía?

-Parecería lo más lógico porque ya no sirve de nada. Solamente puede traer sufrimiento para las personas que los estamos viviendo, porque en términos objetivos no sirve de nada. La acusación de ser de ETA sobre personas que llevamos cinco años en libertad haciendo la misma actividad es realmente bastante absurda. No tiene sentido, y la mejor solución podría ser la de pasar página definitivamente sin que esto tenga consecuencias personales y familiares. Además, creemos que lleva la lógica de otros acuerdos que se han cerrado en procedimientos similares para ir cerrando página. Pero a día de hoy no es este el panorama que nos encontramos y por eso nos encontramos en esta campaña de denuncia por lo que ocurre.

¿El hecho de que el PSOE esté en el Gobierno puede dificultar ese acuerdo por la presión mediática que ejercería la derecha?

-Ciertamente no debería. El PSOE debería observar estas cuestiones pendientes, que vienen de estrategias del pasado, con otros ojos. Independientemente de la presión mediática, que no creo que sería excesiva porque todo el mundo sabe que detrás no hay una estrategia armada, sino la defensa de los derechos de los presos. Lo lógico y lo políticamente acertado sería colaborar para superar estas situaciones. Pero con el PSOE siempre hay un punto de incertidumbre sobre la mesa.

Se les acusa de participación activa en organización terrorista... ¿Se considera usted parte de una organización terrorista?

-Yo sigo haciendo la misma labor porque forma parte del trabajo que hago y porque es también mi aportación política. No tiene que ver con ninguna organización armada. Y es más, queremos subrayar todo el tiempo que se nos ha acusado de formar parte de una estrategia de una organización cuando ya esa organización como única estrategia tenía su propia disolución. Era una organización que públicamente había dicho que había dejado toda actuación violenta para pasar a cerrar su propio ciclo. Es un absurdo, no es la primera vez que hay estas acusaciones en el trabajo por la defensa de los derechos de los presos, pero ahora tiene además el anacronismo añadido de que nos acusan de formar parte de una estrategia cuando ya ETA estaba disolviéndose.

¿Por qué cree que se actúo contra sus actividades en ese momento?

-Se trató de impedir que se cerrara ese ciclo porque había quien lo consideraba bastante rentable todavía. Era impedir que se cerrase ese ciclo, hacer una batalla absoluta del relato de vencedores y vencidos, y ahí hacía falta quebrar la voluntad expresada del colectivo de presos de ponerse a trabajar por ayudar en el cierre de ciclo. Se trató de ir minando esa aportación de los presos de diferentes formas. En la calle, a través de la reivindicación que hacía Herrira, en términos sociales. Y cerrándole las entradas de oxígeno al colectivo de presos con la asistencia jurídica, médica y humana con sus familiares. Todo para que no pudieran hacer su aportación a la resolución. Ahí se sitúo nuestra labor y en ninguna otra parte.

¿Qué evidencias desmontan las versiones de las acusaciones?

-Nuestro trabajo claro, transparente y colectivo. Toda nuestra labor ha sido pública y notoria. Lo único que se discute es si formaba parte de la estrategia de ETA y para eso la única prueba que las acusaciones ponen encima de la mesa son los informes en los que la Guardia Civil dice que eso es así. Además, sobre documentos que son de otros tiempos y dicen que "como otros lo hicieron estos lo hacen". Esa es toda la tesis de la acusación. Frente a esto nosotros llevamos la claridad de nuestro trabajo y llevamos como testigos a muchas personas de los entornos con los que hemos trabajado. Todo esto se hacía para poner el tema de los presos en vías de resolución y siempre desde el punto de vista de la reivindicación de sus derechos fundamentales.

Usted ha desarrollado su labor como abogada sobre todo en la Audiencia Nacional. Trabaja precisamente dentro de un sistema judicial en el que muchas veces han indicado no creer. ¿Espera que se haga justicia?

-He visto pocas veces que se haya hecho justicia en la administración de justicia y más en jurisdicciones tan excepcionales como la Audiencia Nacional que es absolutamente permeable a lo político. Como abogada he denunciado públicamente como se han tomado decisiones al margen de procesos judiciales y se han llevado a sentencias. Eso es lo que esperamos de la Audiencia Nacional y por eso estamos especialmente preocupados por este procedimiento.

Ahora es concejala del Ayuntamiento de Pamplona. Esto les va a repercutir.

-Sí, lo va a hacer. La decisión la tomé junto a EH Bildu sabiendo que esto iba a ser así, pero también reivindicando que tengo un procedimiento judicial desde hace cinco años y no ha avanzado nada. He estado en libertad durante todos estos años y esto no puede condicionar mi actividad profesional ni política. Se puede querer utilizar por determinadas posiciones políticas para poner encima de la mesa la ficción de que aquí no ha cambiado nada, pero la sociedad sabe que han cambiado muchas cosas.

Si les condenasen, ¿qué supondría, no solo en lo personal que es evidente, sino en el marco político que vivimos?

-Una condena tendría la afectación personal, pero también una afectación colectiva muy importante. Que en este momento en el que la violencia de ETA forma parte del pasado, y también del pasado tenían que formar parte las respuestas represivas a esa violencia, se nos condenase tendría una afectación colectiva muy importante.

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