un “régimen de excepcionalidad”

Sare e Ikasmirak denuncian a la ONU el alejamiento de presos de ETA

Envían al Consejo de Derechos Humanos un informe que recopila las políticas de dispersión

10.02.2020 | 02:54
Un momento de la presentación del informe de Sare e Ikasmirak, ayer en Bilbao.

pamplona - La red ciudadana Sare y el Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la UPV/EHU, Ikasmirak, han remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que denuncian la política penitenciaria "claramente vulneradora de derechos" que se aplica a los presos de ETA, con un "régimen de excepcionalidad" hacia "miembros de una organización que ya no existe". El informe fue presentado ayer por los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga y por el abogado y catedrático de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster en Bilbao, y cuenta con el apoyo de representantes del mundo de la política, de los sindicatos, de la cultura y la jurisprudencia, algunos de los cuales estuvieron presentes en el acto de presentación. Entre las personas adheridas a esta iniciativa se encuentran los exlehendalkaris Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe, la magistrada Garbiñe Biurrun, el filósofo Javier Sadaba, la madre de uno de los jóvenes encarcelados de Alsasua, Bel Pozueta, o víctimas como Pili Zabala y Rosa Rodero.

El documento se ha elaborado con motivo del informe que está previsto que realice la ONU para analizar "el nivel de respeto" a los derechos humanos del Estado español. "Cada cinco años, los 193 países miembros de la ONU deben pasar un examen para revisar la situación de los derechos humanos y, en el periodo octubre-noviembre, España pasa este examen", explicaron los portavoces de Sare. El objetivo de la iniciativa de Sare e Ikasmirak es de este modo que su denuncia de la situación de los reclusos "llegue a la opinión pública mundial" ya que, en palabras del ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, "estar pendientes exclusivamente del estado español y francés supone malgastar energías ante un muro de incomprensión y falta de sensibilidad".

El informe presentado recoge una "condena sin paliativos ni paños calientes" de la situación "claramente vulneradora de derechos" en la que se encuentran los 203 presos de ETA recluidos en 40 prisiones del Estado español, según explicó Azkarraga. En función de los datos recogidos, el 65% de los reclusos se encuentra en una prisión a 2.000 kilómetros de sus localidades y el 21% a 1.000 kilómetros, distancia que sus familiares deben recorrer para "realizar visitas de 40 minutos". Además, advierten de que un 85% de estos presos se encuentra en primer grado penitenciario, cuando la media en la población reclusa del Estado es del 1,5%. En este marco, el documento elaborado concluye que "la política penitenciaria conculca los derechos a la vida familiar de las personas internas en prisión y de sus familiares, en especial menores de edad, personas enfermas y de avanzada edad".

El estudio remitido a la ONU incide en que la política de alejamiento y dispersión "es contraria a la jurisprudencia del TEDH (el Tribunal europeo de Derechos Humanos), especialmente una vez desaparecida ETA". En su intervención, el exconsejero Joseba Azkarraga defendió la necesidad de fortalecer un clima de convivencia "que nos ayude a restañar heridas colectivas". Para ello, "solucionar el problema de las cárceles es clave". - D.N.

caso urrutikoetxea

Rechazo. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París rechazó ayer la demanda de liberación del histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, que está encarcelado porque la justicia española lo reclama para juzgarlo en cuatro causas diferentes. Las tres juezas de la sala no aceptaron los argumentos de la defensa de Urrutikoetxea, que al final de la audiencia les garantizó que en caso de haber quedado en libertad se habría presentado a todas las convocatorias a las que fuera citado. Sus dos letrados, Laure Heinich y Laurent Pasquet-Marinacce, que ahora podrían recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, insistieron en que no debería estar en prisión en primer lugar por su estado de salud.

Se refirieron, sobre todo, a la operación de próstata a la que fue sometido el pasado día 2, y que inicialmente debía haberse realizado el 16 mayo, el día de su detención en el aparcamiento del hospital de la localidad de Sallanches, en los Alpes. Heinich habló de "humillación" y de "trato degradante" porque denunció que no se le había dado la atención médica que necesitaba. En particular, porque ha tenido que llevar una sonda urinaria al aplazarse esa intervención hasta comienzos de septiembre.