pamplona - Los 47 encausados en el macrojuicio 11/13, el que la justicia española denominó como frente de cárceles, lograron ayer un pacto con la Fiscalía que se ha resuelto con penas leves y suspensiones de condenas, de tal manera que sólo dos de los involucrados, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, tendrán que pasar cinco meses en prisión para completar las condenas de tres años y medio y dos años y siete meses que ya empezaron a cumplir en 2014, cuando fueron detenidos dentro de la operación Jaque. Los doce navarros que había involucrados en este juicio se han beneficiado también del pacto, que se ha resuelto para todos ellos con penas de entre un año y medio y dos años de cárcel que se suspenden, y que por lo tanto no les hará entrar en prisión. El acuerdo pone fin al último macrojuicio de la doctrina del todo es ETA y despeja las enormes -“Fuera de toda lógica”, según argumentaron ayer tras el juicio los encausados- penas de prisión que solicitaba el teniente fiscal de la Audiencia Nacional. Pero mantiene en el mismo punto el problema con los presos en la cárcel, muchos de ellos dispersados a miles de kilómetros y en los regímenes más duros del sistema penitenciario.
los doce navarros El juicio, que se preveía largo -20 sesiones hasta el 28 de noviembre- quedó así zanjado en la primera mañana. Los 47 encausados, en virtud del acuerdo con la Fiscalía, admitieron los hechos de los que se les acusaba y fueron recibiendo las penas de prisión. En el caso específico de los navarros, son las siguientes: Mikel Almándoz y Asier Aranguren, mediadores del EPPK, recibieron 2 años de prisión que quedan suspendidos y, por lo tanto, no tendrán que entrar en prisión. Para el resto de acusados (Fernando Arburua y Ohiana Barrios, de Jaiki Hadi; Fran Balda, Jon Garay, Sergio Labayen, Nagore San Martín, Eneko Villegas e Imanol Karrera, de Herrira; y las abogadas Jaione Carrera y Amaia Izko) las penas fueron de un año y medio de prisión. En el caso de Balda y Karrera, además, la justicia les impone una multa de 1.800 euros por quebrantamiento de medidas cautelares, y a todos ellos les condena también a penas de inhabilitación de entre 3 y 4 años. El caso más sensible es el de la abogada Amaia Izko, que además es concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona y tendrá que dejar su acta.
Precisamente, a la salida del juicio, Amaia Izko explicó a los medios las razones por las que se ha llegado a un pacto de última hora, entre ellas para dejar atrás “fórmulas del pasado” y “contribuir a abrir puertas al futuro” y a “impulsar que se abran verdaderas vías de soluciones”.
Ahora, la prioridad para Izko es “la resolución urgente y necesaria de la cuestión de los presos y presas vascas”, que sigue casi en el mismo punto que cuando empezó el proceso -en 2013-, a pesar de que ETA cesó su actividad en 2011 y desapareció definitivamente en 2018.
Otro motivo para el pacto ha sido, según la concejal, las “peticiones fiscales enormes” y “fuera de toda lógica” que les hizo “temer” que “las condenas pudieran ser muy graves”, por lo que el objetivo era evitar “entrar en prisión”, si bien lamentó que deban hacerlo Zulueta y Enparantza. - D.N.
