pamplona - Una precampaña larga y una campaña corta y frenética. La repetición electoral anticipada de la XII Legislatura, la más corta de la historia reciente, con 120 días, estaría marcada por unos plazos más cortos que la de las elecciones que la precedieron pero con unos gastos nada desdeñables. En total, el fracaso de los partidos para negociar un Gobierno costará a la ciudadanía entre 184 y 194 millones de euros, entre gastos y subvenciones.
Desde las elecciones del 28 de abril hasta el 23 de septiembre, habrán pasado 146 días en los que apenas ha habido 14 de actividad plenaria entre las dos Cámaras. En este periodo, en el que no ha dado tiempo a aprobarse ni una sola ley, el Parlamento ha gastado más de 23,8 millones de euros entre subvenciones a los grupos y sueldos, y viajes de los parlamentarios. Los diputados electos el 28-A sólo han estado obligados a acudir a su escaño 11 jornadas y tres, en el caso de los senadores. Por ello han cobrado 16,28 millones.
La celebración de las elecciones del 10 de noviembre supondrá un desembolso de entre 130 y 140 millones, cantidad a la que habrá que sumar las subvenciones que reciban los partidos. En 2016, gastaron 44 millones en la campaña, pero para esta que se avecina se calculan unos 30 porque será más corta, del 1 al 8 de noviembre, la más breve de la democracia.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la campaña, en estas circunstancias, durará ocho días en vez de los 15 que dura la campaña de unas elecciones al uso. Los plazos se acortan a raíz de una reforma introducida en 2016 en la norma que regula los procedimientos electorales. El artículo 99.5 de la Constitución recoge que, tras una primera votación fallida en una investidura, si transcurridos dos meses no ha sido investido ningún candidato, el rey disolverá el Congreso y el Senado y convocará elecciones.
La reforma introducida en la ley electoral desarrolla un acortamiento de los plazos en este supuesto, es decir, cuando se convocan elecciones como consecuencia de una votación de investidura fallida. La disposición adicional séptima recoge que “en el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, la campaña electoral, que empezará el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria, durará ocho días”.
Con esta reducción del tiempo de la campaña electoral, el proceso hasta las elecciones durará 47 días y no 54, como en los procesos electorales convencionales, donde la campaña tiene una duración de 15 días. Teniendo en cuenta que las elecciones se celebrarán el 10 de noviembre, y que el día 9 tendrá lugar la denominada jornada de reflexión, la campaña comenzará el día 1, festivo, y terminará el día 8, el viernes antes de los comicios, que se desarrollarán el domingo.
La disposición adicional séptima también introduce modificaciones respecto a las subvenciones electorales de los partidos cuando se convocan unos comicios mediante el artículo 99.5 de la Constitución. Concretamente se establece que “las cantidades previstas para subvencionar los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los escaños y de los votos obtenidos por cada candidatura, en un 30%”. Como consecuencia de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, las del 28 de abril, los partidos deberían recibir 66,5 millones de euros, pendientes aún de cobro.
Los últimos cuatro comicios generales suman un gasto de unos 540 millones de euros entre 2015 y 2019 solo en concepto de organización, lo que evidencia que la democracia no es gratuita. - D.N.
