Londres - El ex primer ministro John Major se sumó ayer a las protestas contra Boris Johnson por cerrar el Parlamento al acusarlo de no decir la verdad y de tener motivos políticos, para impedir que el Legislativo pudiera interferir en el brexit. La opinión de Major fue presentada ayer en el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica, que desde el martes examina dos recursos relacionados con el cierre de las sesiones legislativas -del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre- dispuesto por Johnson tras el permiso formal de la reina Isabel II, la jefa de Estado. El primer ministro, que llegó al poder el pasado julio tras la dimisión de Theresa May, justificó la medida con la necesidad de presentar una nueva agenda del Gobierno el 14 de octubre.

Las dos apelaciones sobre las que once jueces del Supremo deberán pronunciarse corresponden a dictámenes distintos sobre la legalidad del cierre, ya que uno -de la Corte de Apelaciones de Escocia- lo calificó de ilegal y el otro -del Tribunal Superior de Londres- no. Major, una de las partes del recurso inglés, dio a conocer su posición contraria al bloqueo legislativo a través de su abogado, Edward Garnier, en el tercero y último día de las vistas judiciales.

El Gobierno decidió apelar ante el Supremo después de que la corte escocesa diera la razón a una querella interpuesta por más de 70 políticos, entre ellos la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, y The Good Law Project, un grupo contrario al brexit. El otro recurso, el de Inglaterra, fue presentado por la empresaria Ginna Miller, con el respaldo de Major, tras el dictamen del Superior a favor del Gobierno de Boris Johnson.

En la sesión de ayer, Garnier, en nombre del que fuera primer ministro conservador entre 1990 y 1997, explicó que no había razón para suspender las sesiones durante cinco semanas, “menos aún cinco semanas críticas en un periodo en el que el tiempo es esencial”, al referirse al proceso de salida del Reino Unido. Garnier señaló que, cuando el Parlamento queda cancelado durante “un periodo de tiempo crítico”, “no hay posibilidad de un control exhaustivo” de esa suspensión hasta que “el daño haya sido hecho”. En sus argumentos ante la corte, Major consideró que la decisión de Johnson “estuvo motivada por un interés político para asegurar que no hubiera actividad en el Parlamento durante el periodo previo al Consejo europeo del 17 y 18 de octubre”. - Efe