Pamplona - El Gobierno de Navarra rechaza la supresión del decreto que regula el uso del euskera en la administración pública, como plantea Navarra Suma, y aboga por dar un año de margen para analizar su funcionamiento y realizar un diagnóstico que permita buscar un mayor consenso sindical, social y político. “Parece razonable seguir el dictado del acuerdo programático, el informe propuesta por el director de Euskarabidea y, conocidos sus resultados, proceder, en su caso, a la modificación de la norma siguiendo los procedimientos específicos previstos al efecto de aplicación en las disposiciones reglamentarias”, argumenta el Ejecutivo foral.

Así consta en el escrito remitido al Parlamento antes de que se debata en pleno la reforma legal planteada por la coalición de derechas, y que incluye un informe del responsable de Euskarabidea, en el que se argumenta que “el castellano y el euskera son lenguas propias de Navarra” y que todos los ciudadanos tienen derecho “a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las Administraciones Públicas en los términos establecidos en la Ley Foral del Euskera”. Destaca además que el decreto aprobado en 2017 derogó el de 2003, que había realizado “un desarrollo muy restrictivo” de la normativa, y subraya que “la situación sociolingüística del euskera ha variado respecto a la que existía en el año 1986”, año en el que se aprobó la ley.

Por todo ello, el Gobierno apuesta por cumplir el acuerdo programático y estudiar el funcionamiento de la normativa vigente para, conforme a ese diagnóstico, “impulsar una modificación de la normativa de cara a buscar un mayor consenso sindical, social y político”. “El análisis de la normativa vigente y el diagnóstico a realizar dará la información necesaria para conocer la aplicación de dicha norma y poder valorar si es necesaria su adecuación. Realizar cambios con anterioridad a conocer el diagnóstico no respondería a criterios técnicos, cuando además los datos anteriores al año 2017 del número de plazas en que el euskera es requisito eran tan bajos”, explica el Gobierno de Navarra, que advierte además de la “inseguridad jurídica” que supone derogar una norma para la puesta en vigor de una ya derogada. - I.F.