pamplona - El Tribunal Supremo ha descartado que exista el “derecho a decidir” de una comunidad autónoma, ya que no “tiene cobertura normativa” ni en sí mismo ni asimilado de forma “artificiosa” al derecho de autodeterminación. “Su realidad no es otra que la de una aspiración política”, asegura. El TS aborda en la sentencia del 1-O el debate sobre el derecho a decidir y la autodeterminación. Su conclusión es que el derecho a decidir no existe, que sólo se puede construir a partir de un permanente “desafío político” y que, a partir de las vías de hecho, “ataca una y otra vez la esencia del pacto constitucional y, con él, de la convivencia democrática”.
En el texto, los magistrados advierten de que no pueden desbordar su “espacio funcional” para valorar, como pidieron algunos letrados, un marco jurídico que contribuya a la solución del conflicto. “No nos incumbe ofrecer -ni siquiera sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas,“ aseguran. No obstante, dedican una parte del texto a replicar a los argumentos a favor del derecho a decidir. “El derecho a decidir como derecho atribuible a una parte de la ciudadanía que reside en una comunidad autónoma no tiene cobertura normativa, ni por sí, ni mediante su artificiosa asimilación al derecho de autodeterminación de los pueblos”, afirma el Supremo.
Recuerda que los acusados se ampararon en un derecho de autodeterminación porque “la expresión derecho a decidir no aparece reflejada en la Constitución de 1978 ni en el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006”, como tampoco “en los textos internacionales suscritos por España”. El Alto Tribunal, que no ve avalado este derecho por ninguna constitución europea ni por ningún tratado internacional: “La protección de la unidad territorial de España no es una extravaganza”. Al contrario, la secesión unilateral es “un movimiento antidemocrático” porque “antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados”. “La convivencia pacífica quedaría herida de muerte si se admitiera, como síntoma de normalidad democrática, que cualquier gobierno regional pudiera transformar la estructura del Estado”, afirma.
En su opinión, en Catalunya el “derecho a decidir” se convirtió en un “derecho a presionar” al Gobierno central y los ciudadanos que fueron a votar no sabían que “una aspiración política” no se hace realidad por mucho que se introduzca “un voto en una urna”. Ante estos hechos, el tribunal reclama que el juicio celebrado contra los artífices de la ruptura en Catalunya “no puede ser presentado como un instrumento al servicio de la criminalización de un proyecto político”. “No existe persecución ideológica”, dice.
El Supremo analiza también algunos textos internacionales para negar la existencia un derecho a la autodeterminación de Catalunya. Asegura que en la mayoría de las resoluciones de la ONU este derecho se refiere a la emancipación de pueblos coloniales y oprimidos y varias lo acotan, de manera que no se puede ejercer para quebrantar “la integridad territorial” de estados “que se conduzcan de conformidad de la igualdad de derechos”.
“Es un dato que se repite, una y otra vez. A saber, la salvaguarda de la integridad territorial de los estados ya constituidos como límite natural a lo que se ha denominado la dimensión externa del derecho de autodeterminación”. - D.N.
al Ts no le sirve Canadá ni Escocia
Secesión. El TS examina el caso canadiense, donde en 1998 el alto tribunal de ese país reconoció el derecho de Quebec a negociar una secesión si la población lo decide mayoritariamente, pero los jueces no ven “ninguna similitud” entre “el origen histórico de la reclamación de Quebec y el acto unilateral de secesión” de los condenados. Canadá, añade, nació en 1867 como “unión de entes territoriales, poblaciones y culturas preexistentes” en lo que define como un “federalismo agregativo”, frente al caso español de autonomías o “federalismo funcional sobrevenido”. Tampoco ven semejanzas con Montenegro, Escocia y Kosovo.
