Donostia - La presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero, aseguró ayer que la redacción de la sentencia del denominado caso De Miguel “está resultando muy complicada” y no se conocerá hasta después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, pese a que cuando terminó el juicio oral se estimó que el tribunal presidido por Jaime Tapia haría público el fallo este mismo mes.
“No ha podido ser en octubre y no va a poder ser; creo que va a ser a finales de otoño, quiero pensar que será antes de Navidad”, dijo Guerrero en una entrevista concedida a Radio Vitoria, en la que negó que los magistrados estén pendientes de los comicios a la hora de redactar la sentencia.
“Los jueces no nos movemos por el calendario político”, sentenció la presidenta de la Audiencia.
Los magistrados deberán determinar si, como sostiene la Fiscalía, el diputado foral de Administración Local hace más de una década, Alfredo de Miguel, junto con sus socios Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, crearon la sociedad Kataia Consulting para canalizar el cobro de comisiones ilegales.
El fiscal, Josu Izaguirre, les acusaba de reclamar dinero a dos empresarios catalanes que querían urbanizar en Zambrana, y que confesaron el trato alcanzado; de percibir ingresos del Gobierno Vasco por falsos trabajos, o de extorsionar a Ainhoa Alberdi para exigirle el pago de una comisión pactada con anterioridad con el exsocio de esta abogada vizcaína, Jon Iñaki Etxaburu.
Alberdi es de hecho quien destapó el caso De Miguel. Ella grabó conversaciones con los principales acusados y guardó los correos presentados en el juicio como pruebas, entre ellos uno en el que De Miguel, desde su cuenta de diputado foral, le exigía presuntamente el pago de una comisión ilegal.
Las defensas trataron inicialmente de anular las pruebas presentadas y de desacreditar la labor realizada por la Ertzaintza durante el periodo de instrucción.
También intentaron echar por tierra el testimonio de Alberdi, que se ratificó en la vista oral en torno a lo declarado, y que denunció haber sido condenada al ostracismo profesional tras negarse a pagar la comisión que se le exigía y denunciar los hechos.
La Fiscalía alcanzó un pacto in extremis con acusados como Josu Arruti, quien declaró que Alfredo de Miguel le propuso que pidiera una comisión a los empresarios de Zambrana, Francesc Fernández y Plàcid Casas, que también llegaron a un acuerdo con Izaguirre.
En total, el mayor juicio celebrado en Euskadi analizó durante casi un año los hechos por los que se sentaron en el banquillo un total de 26 acusados, entre ellos varios antiguos dirigentes del PNV en territorio alavés. - T. Diez
