pamplona - Después de cinco días de disturbios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se mueve de su mensaje de moderación, ha dejado claro que el Estado de derecho “no puede ceder al impulso de la exaltación” y ha avisado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, del peligro de “banalizar” la violencia. Desde Bruselas, donde asistió ayer al Consejo de la UE, y mientras en Catalunya se vivía una jornada de huelga, un derecho fundamental que respeta, Sánchez recalcó que “no habrá impunidad” ante los hechos “vandálicos” de los últimos días que, alertó, pueden tener “efectos graves” sobre la economía y la convivencia. El presidente dejó la aplicación en manos de la presión social.
El presidente del Gobierno recordó que cualquier decisión que se vaya a tomar en Catalunya “está prevista” y se diseñó, destacó, bajo los principios de “firmeza democrática, unidad y proporcionalidad” y que cualquier medida extraordinaria deberá contar también con “legitimidad social” y cuando la ciudadanía entienda que son necesarias.
Aunque asegura que tiene la “legitimidad democrática” para actuar, defiende hacerlo cuando tenga también “legitimidad social”, es decir, “cuando la ciudadanía entienda cuando se aplican esas medidas”. Así explicó Sánchez, por qué no se ha decido a aplicar el artículo 155 en Catalunya o no ha dado los pasos para poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional, medidas que reclaman de forma insistente desde el PP y Ciudadanos.
La presencia de Sánchez en el Consejo Europeo en Bruselas estuvo marcada irremediablemente por la situación que se vive en Catalunya. A la hora de confirmar si habrá o no aplicación del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional, advirtió de que es la propia ley la que dicta cuándo se pueden tomar y cuándo no medidas extraordinarias. “La moderación, la ponderación contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones, eso es lo que va a hacer el Gobierno de España”, insistió.
En relación a la huelga general convocada ayer en Catalunya ya los miles de ciudadanos que colapsaron las calles de Barcelona, Sánchez puso en valor que se respete el derecho de manifestación, lo que calificó como “prueba viva de la fortaleza de la democracia que debe ser protegido por todos los poderes públicos y así lo hace el Gobierno de España”. No obstante, añadió que dicho derecho debe ejercerse de un modo “absolutamente pacífico sin afectar a los demás ciudadanos”.
En su intervención ante los periodistas, el jefe del Ejecutivo quiso enviar un mensaje, en el contexto internacional en el que se encontraba, para poner en relieve la calidad de la democracia española. Así, tras dejar claro que el Estado no puede ceder al “impulso de la exaltación”, precisó que en el Estado español se respetan todas las “libertades, derechos y opiniones y nadie es sancionado por ellas, solo por sus acciones cuando estas son contrarias a la legalidad democrática”. En cualquier caso destacó la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y todo el cuerpo diplomático.
En este sentido, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ayer que, a pesar de los avisos transmitidos por algunas Embajadas extranjeras en España, “se puede visitar Barcelona con toda normalidad”, porque “son solo grupos reducidos” quienes están provocando incidentes “en momentos y lugares concretos”. Marlaska reconoció que los hechos violentos de estos días, que ha retratado como “protagonizados por grupos minoritarios pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes”, están provocando “un grave desamparo de los ciudadanos, un grave daño a las instituciones y un grave daño a la reputación internacional de Catalunya”.
El responsable de Interior recalcó que el Gobierno tiene las previsiones establecidas para actuar en cualquier escenario, pero mostró su confianza en que la situación no pase de ser “una cuestión de orden público” y, además, que se pueda resolver en un plazo breve “y vuelva la tranquilidad plena a las calles de Barcelona”. Eso sí, el ministro dejó claro que “tranquilidad plena” es compatible con las “manifestaciones y reuniones”.
Todo ello, a pocos kilómetros del lugar donde se encuentra huido el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se ha entregado ante la fiscalía belga a raíz de la euroorden dictada contra él por el juez Llarena. Puigdemont, que ha quedado en libertad con medidas cautelares, tendrá que comparecer el próximo 29 de octubre ante un juzgado de Bruselas después de que un juez de instrucción haya considerado que no goza de inmunidad como europarlamentario electo. - D.N.
