pamplonA - La ofensiva judicial contra el soberanismo no cesa después de que se registrara la vivienda y el despacho del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye: así como la sede de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) en busca de documentación vinculada con una trama de presunto desvío de fondos públicos, entre otros destinos para costear un viaje de alcaldes a un acto organizado por el president en el exilio en Bruselas. La operación contra Boye responde a supuestos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dedicada al narcotráfico, una causa destinada a desmontar la operativa de blanqueo de capitales de la organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. El letrado no fue detenido pero declarará mañana en sede judicial mañana junto a dos testaferros.

El nombre de Boye se hizo conocido por liderar la estrategia de defensa de Puigdemont. La semana pasada se reactivó después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena impulsara otra vez la orden de detención europea e internacional contra el exJefe del Govern. A pesar de que la operación no está vinculada a las actividades de Puigdemont, éste denunció ayer una campaña de guerra jurídica sucia contra su letrado y la vinculó al pulso que está manteniendo y, según él, ganando a las autoridades española ante la Justicia belga. Hace dos semanas Boye dejó de representar a Miñanco en esta causa y es ahora el abogado Jacobo Teijelo el que se ha hecho cargo de la defensa del narcotraficante.

viajes En paralelo, la Policía Nacional registró la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la agencia Viajes Alemany de Vic, que supuestamente gestionó el viaje de los alcaldes a Bruselas. A esta entidad que agrupa a ayuntamientos de la órbita soberanista se le acusa de malversar supuestamente fondos públicos en actividades organizadas por el independentismo y del desvió de dinero de sus arcas, nutridas de aportaciones municipales, a fines ilícitos. Uno de los pagos que se indagan responde al viaje de 167 alcaldes independentistas a la capital belga, en un acto organizado por Puigdemont el 7 de noviembre de 2017, cuando presidía la ACM el conseller de Interior, Miquel Buch. La Fiscalía Superior de Catalunya ya abrió una investigación para averiguar si este acto se costeó con fondos de los consistorios, pero la archivó al concluir que no había indicios de que lo financiaran los ayuntamientos.

Ante este escenario, la número uno de JxCat en Madrid, Laura Borràs, denunció una “razia represiva contra el independentismo”. “Es evidente que Puigdemont es un elemento que les molesta y le tienen bajo el foco porque consigue victorias en la esfera internacional”, criticó. Es por ello que JxCat cree que “no es casualidad que el registro a Gonzalo Boye llegue después de que su abogado haya mantenido en libertad a Puigdemont y haya tramitado con éxito la tercera euroorden, un nuevo revés al Estado”. - I. Santamaría