Lisboa - El primer ministro portugués, el socialista António Costa, anunció ayer una subida del salario mínimo y avance en reformas estructurales entre las líneas básicas de la nueva legislatura y apeló al diálogo con la izquierda para garantizar la estabilidad de un Ejecutivo que gobernará en minoría.
El salario mínimo, ahora en 600 euros, llegará a los 750 en 2023, al final de la legislatura, mediante subidas anuales progresivas “en función de la dinámica del empleo y del crecimiento económico”, dijo Costa durante su discurso de toma de posesión. Si el objetivo se cumple, apuntó, desde que asumió el poder, en 2015, el salario mínimo en Portugal pasaría de 505 a 750 euros, una subida próxima al 50%. El primer ministro anunció que profundizará en diferentes reformas estructurales pendientes, especialmente en materia de sanidad.
Repasó las grandes prioridades de su nuevo Gobierno centradas en la atención al cambio climático, la transición digital, el problema demográfico y la desigualdad.
De esta manera, avanzó el cierre de la central termoeléctrica de Pego (centro) en 2021 y de la producción en la central de Sines (sur), en 2023.
También anunció que durante la actual legislatura entrarán en funcionamiento las centrales hidroeléctricas que está construyendo Iberdrola en la cuenca del Tâmega, al norte del país.
la ‘fuga de cerebros’ Se refirió a la necesidad de apostar por la investigación científica y la transferencia del conocimiento para evitar el éxodo de los jóvenes y, así, “no desperdiciar el capital humano de las nuevas generaciones”. El equilibrio demográfico tendrá entre sus prioridades la erradicación de la pobreza y garantizó el apoyo a jóvenes, familias y mayores.
Y el desafío de la igualdad, cuarto eje prioritario de Costa en la legislatura que comenzó ayer, tendrá “un largo camino por recorrer” donde el equilibrio entre el litoral y el interior será uno de los empeños, además de combatir la violencia de género, que este año ya se ha cobrado en Portugal la muerte de 25 mujeres. Todo ello sin olvidar el objetivo de reducir la deuda al 100% del producto interior bruto (PIB) y sin disparar el déficit público. - Efe
