Del juicio a Trapero al lío de la inmunidad

El conflicto catalán volverá a centrar la actividad judicial en 2020, pero hay vida más allá del 'procés': el Supremo seguirá revisando sentencias, incluida la que expulsó a Rajoy de la Moncloa, la Gürtel.

29.12.2019 | 06:17
El presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, en la apertura del Año Judicial.

el procés y sus derivadas volverán a centrar la actividad judicial de 2020, año en el que Josep Lluis Trapero será juzgado por su actuación al mando de los Mossos el 1-O, mientras en el Tribunal Supremo lidiarán con el frente abierto por la Justicia europea al reconocer la inmunidad a Oriol Junqueras.

Tras el histórico juicio del procés, el Supremo afronta ahora la papeleta de decidir sobre el futuro no solo de Junqueras, sino también de Carles Puigdemont y Toni Comín, con asientos (al menos provisionales) en el Parlamento Europeo y con órdenes de detención vigentes.

Pero no solo eso, dado que hay vida más allá del procés, el Supremo seguirá revisando sentencias, incluida la del caso Palau y, sobre todo, la que motivó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa: la del caso Gürtel.

Éstos y otros asuntos protagonizarán la actualidad judicial de 2020:

el lío internacional Los primeros movimientos llegarán en plena resaca navideña cuando, a inicios de año, el Supremo anuncie qué hace con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció que el líder de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado. Aunque nada dijo sobre la condena que pesa sobre Junqueras (13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación), el Supremo debe decidir cómo afecta la sentencia a la causa en un nuevo giro de guión habitual ya en el procés. A la espera de saber cuál es el criterio de la Abogacía del Estado y las consecuencias que deriven en el plano político en plenas negociaciones para la investidura, la Fiscalía y Vox -acusación popular- piden ejecutar su inhabilitación, y la defensa, anular la condena.

La otra derivada está en Puigdemont y su exconseller Tomi Comín, huidos en Bélgica y que también consiguieron escaño. Saber si se sentarán en el banquillo es el gran interrogante que trae el 2020, máxime cuando la Eurocámara les ha abierto las puertas para reconocer su inmunidad. La decisión del tribunal de Luxemburgo abre un horizonte más complejo para entregar al expresident, que enreda aún más el lío de las euroórdenes en el que el Supremo lleva metido desde el principio. La Fiscalía quiere que el Parlamento levante su inmunidad, mientras que Puigdemont quiere que se anule su orden de entrega. El juez Pablo Llarena decidirá en las próximas semanas.

el futuro de los presos Pendientes de que el Departamento de Justicia, en manos de ERC, ratifique o enmiende el segundo grado propuesto por los técnicos, la gestión penitenciaria de los líderes independentistas amenaza con fondear en los tribunales y envenenar las relaciones entre los socios de Govern.

Cuando la consellería establezca la clasificación definitiva (tiene de plazo hasta febrero), será el Supremo el que tenga la última palabra si alguien recurre el grado.

La opción de un segundo grado flexibilizado mediante permisos y artículos del reglamento como el 100.2 de Oriol Pujol o el 117 de Iñaki Urdangarin permitiría, por el contrario, esquivar el control del Supremo: los recursos se agotarían en la Audiencia de Barcelona.

juicio a trapero Con un desenlace condicionado por la condena por sedición del Supremo, la Audiencia Nacional abordará desde el 20 de enero la vertiente policial del procés: el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. Se sentará en el banquillo junto a la intendenta Teresa Laplana, el exdirector Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, para responder sobre el papel del Cuerpo, cuya laxitud ante el 1-O y el 20-S permitió, según la Fiscalía, desplegar la hoja de ruta a la independencia.

Más de un centenar de testigos como Junqueras, Joaquim Forn o Jordi Sànchez desfilarán en un juicio en el que el fiscal mantiene su acusación por rebelión, aunque es de esperar que acabe siguiendo la senda de la sedición que marcó el Supremo en su sentencia, en la que concluyó que los Mossos se limitaron a simular que impedían el referéndum.

la pelota, al constitucional Una vez el Supremo resuelva los incidentes de nulidad contra la sentencia, la pelota se trasladará al tejado del Constitucional, que acumula en su mesa una pila de recursos del procés, a los que se sumarán los que los acusados presenten contra su condena.

Tarea que los magistrados afrontan sin la unanimidad que siempre han preservado, después de que un recurso de Junqueras rompiese el consenso que se esforzaron en mantener durante meses, circunstancia que las defensas aprovecharán en sus recursos ante Europa.

torra, enredado en lazos El Supremo revisará en los próximos meses el recurso del presidente catalán, Quim Torra, contra su condena a año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral al no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período preelectoral. Pero la ejecución de la pena amaga con derivar en otra batalla judicial en el Supremo: aunque la inhabilitación no es de aplicación inmediata, al no ser firme, PP y Ciudadanos piden a la Junta que le retire su credencial de diputado autonómico, lo que forzaría su cese como president.

Paralelamente, la guerra de los símbolos se ha cobrado otro frente judicial para Torra por desoír una orden judicial que le conminaba a garantizar la neutralidad del edificio siempre, no solo en período electoral. El alto tribunal catalán estudia si le abre diligencias por desobediencia.

la voz de jxc, ante el juez En 2020 también se sabrá si otra dirigente de JxCAT entra por las puertas del Supremo para declarar ante el juez, aunque esta vez no tiene nada que ver con el proceso independentista de Catalunya. Es el caso de la portavoz del partido de Puigdemont en el Congreso, Laura Borràs, a quien el tribunal ha abierto una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.

las leyes del 'procés' Aún queda pendiente el juicio por desobediencia a los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de permitir que el 6 y 7 de septiembre de 2017 salieran adelante las llamadas "leyes de desconexión". Está por saber qué pasa con Joan Josep Nuet -diputado de ERC- una vez que el TSJC propuso escindir la causa para que le juzgase el Supremo.

la logística del 1-O Tras más de dos años de investigación, una treintena de exaltos cargos del Govern y empresarios aguardan juicio por participar en la logística del referéndum.

La causa acabó escindida por el fuero de dos de los principales encausados, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, lugartenientes de Junqueras en el Departamento de Economía, imputados en el TSJC por su condición de diputados autonómicos.

la sindicatura electoral Apenas un mes duraron en el cargo los cinco síndicos electorales designados por el Parlament para el 1-O, hasta que el Tribunal Constitucional desmanteló ese órgano crucial para la supervisión del referéndum, imponiendo multas coercitivas de 12.000 euros diarios. Serán juzgados en abril por usurpación de funciones y desobediencia, delitos por los que enfrentan a 2 años y 9 meses de cárcel.

el coste del referéndum Las penas de cárcel no agotan la responsabilidad de los líderes del procés. El Supremo dejó claro que el Govern malversó dinero público, pero no cuánto; dejó la tarea al Tribunal de Cuentas, donde Puigdemont y Junqueras están citados el 28 de enero para liquidar los gastos que destinaron al 1-O, de los que deberían responder con sus bienes si no pagan.

los cDR y tsunami democràtic La Audiencia Nacional, además de seguir indagando en casos como Púnica, Lezo, el 3% o los entresijos de la interminable causa del excomisario José Villarejo, continuará con la investigación por terrorismo a miembros de una facción de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a la plataforma independentista Tsunami Democràtic, promotora de las movilizaciones.