- La mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán pasará esta semana el examen del Congreso. El PP someterá el miércoles a votación esta herramienta de negociación exigiendo romper los contactos que el Gobierno de Pedro Sánchez abrió hace dos semanas con el que preside Quim Torra. Este es uno de los requerimientos que la formación de Pablo Casado ha incluido en la moción que se debatirá en el próximo Pleno y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz del grupo, Cayetana Alvarez de Toledo, dirigió el 26 de febrero a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que atendió finalmente la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. En su iniciativa, el PP denuncia que la mesa de diálogo no solo “no encuentra anclaje alguno en el modelo constitucional vigente” sino que supone “un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía nacional intolerable”. Desde Génova acusan al Ejecutivo de coalición de “rendirse” con la puesta en marcha de una mesa celebrada con las formas propias de “un encuentro internacional” y ante unos “delincuentes convictos” que buscan “imponer” su criterio “excluyente” y que ya han avisado de que “reincidirán cuando más les convenga”.

Todo apunta a que el intento de los populares quedará en agua de borrajas pese a que en el mundo independentista hay diferentes posicionamientos al respecto de este foro. En JxCat cunde el escepticismo aunque el president en el exilio Carles Puigdemont haya rebajado el cariz de las demandas al reclamar que, para que haya avances, Moncloa debe reconocer a Catalunya como nación, algo que los socialistas están dispuestos a asumir si con ello salvan el escollo del referéndum de autodeterminación y la amnistía de los presos.

Por su parte, ERC advierte de que antes de abordar la negociación de los Presupuestos es necesario “atornillar” la mesa de diálogo. “Hay que ir día a día” o “partido a partido, como dice Simeone”, señaló ayer el portavoz republicano, Gabriel Rufián. “Hay que ser quirúrgico”, exclamó, aclarando que si los discursos por parte del Gobierno español siguen siendo política, diálogo, negociación y reconocimiento mutuo, entonces podrán empezar a “escuchar” que les planteen un “segundo acuerdo”, que sería el de las Cuentas. Dado que la mesa de diálogo tendrá una periodicidad mensual y que la última tuvo lugar el 26 de febrero, no se prevé la siguiente hasta la tercera semana de marzo. Este posicionamiento deja sin fecha la presentación de los Presupuestos para este ejercicio, ya que el Ejecutivo de Sánchez no quiere llevarlos a las Cortes hasta no tener los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

Pero desde el PP, como referente de la oposición, creen que el Gobierno de coalición sigue una estrategia donde “nos oculta a dónde quiere llegar”, apunta en su iniciativa, demandando al Gabinete de PSOE y Unidas Podemos las actas de la citada reunión en Moncloa, romper el proceso de negociación bilateral con Torra, poner fin a los trabajos para reformar el Código Penal por delito de sedición y revocar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Asimismo, el PP plantea que el Gobierno español declare “su compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución, la Ley y la convivencia como únicas garantías de la seguridad jurídica de todos los españoles”, y que se comprometa a mantener cualquier relación con la Generalitat dentro del marco constitucional vigente y las previsiones contenidas en el Estatut.

Entre tanto, Esquerra prefiere no pronunciarse sobre la posibilidad de que no hubiera nuevas Cuentas este ejercicio si las elecciones catalanas se celebraran hacia otoño y traslada la pregunta a Moncloa: “Ellos tienen que evaluar adecuadamente el escenario que tenemos enfrente, las agendas y tomar una decisión”. Lo que sí recuerda es que “el escenario es el que es”, con un año electoral intenso, en puertas de los comicios de la CAV y Galicia el próximo 5 de abril , y “unas elecciones convocadas en Catalunya por el president que no sabemos bien cuándo serán pero parece ser que serán este año”.

Lo cierto es que desde la derecha persisten en meter presión al Gobierno de coalición, ya que Sánchez también deberá responder sobre la crisis del coronavirus y el calendario pactado para completar las transferencias pendientes a la CAV. Así Casado requerirá al líder socialista que especifique las consecuencias económicas que su Gobierno prevé que pueda se sufrir a raíz de la epidemia del COVID-19, echándole en cara la descoordinación registrada en torno la guía difundida por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz para actuar en los centros de trabajo, y que generó un choque con Sanidad. No será la única ocasión que se hable en el Congreso sobre los estragos de este virus, puesto que el PP también tiene prevista una interpelación al Gobierno sobre este asunto que firma de su portavoz, Álvarez de Toledo.

En paralelo, la portavoz de EH Bildu en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, pretende que el presidente español aclare si piensa cumplir con el Estatuto y el Amejoramiento navarro. Una pregunta que llevó al portavoz del PNV, Aitor Esteban, a ironizar con la interpelación de la coalición soberanista: “Después de 40 años, esto”. Por su parte, la CUP, en su primer duelo con Sánchez, solicitará conocer “qué recorrido tiene la mesa de diálogo”, a la que se oponen. La pregunta la formulará la portavoz de la formación antisistema, Mireia Vehí, cuyo partido defiende reiteradamente que el derecho de autodeterminación y la amnistía no se deben negociar en este foro porque son puntos de partida mínimos.

Propuesta. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, propone una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia, considera que el conflicto de Catalunya tiene solución y se muestra partidario del diálogo actual entre el Ejecutivo central y el catalán. En una entrevista que publicaba ayer el diario La Vanguardia, el arzobispo de Barcelona declara: “Ahora que se habla tanto de pactos es el momento de hablarnos los unos a los otros. El Estado debe escuchar; la Iglesia también. (...) Me encantaría formar parte de este diálogo”. Respecto al conflicto catalán, el cardenal Juan José Omella subraya que “momentos más difíciles se han dado a lo largo de la historia”, que “estamos en una fase delicada, compleja, que exige buscar una solución respetando la pluralidad de Catalunya” y que “la mesa de diálogo es una buena iniciativa”.

“Es necesario atornillar la mesa, ir día a día, y si hay un reconocimiento mutuo se hablará de las Cuentas”

Portavoz de ERC en el Congreso