- La Mesa del Congreso de los Diputados tumbó las peticiones para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I y sus supuestas cuentas en Suiza solicitadas, por un lado, por ERC y el Grupo Plural y, por otro, por Unidas Podemos. La Mesa del Congreso, gracias a la mayoría que forman el PSOE y el PP, a los que se unió Vox, rechazó dar su aval a que una comisión parlamentaria al apelar al criterio jurídico que consagra su inviolabilidad con “efectos jurídicos permanentes”. Es la cuarta vez que la Mesa del Congreso rechaza una comisión de investigación sobre el rey emérito a raíz de las informaciones sobre la solicitud de datos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción a Suiza por la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I.
Efe ha accedido al documento de los letrados que los integrantes de la Mesa (se ha ausentado la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, por motivos de salud) han consultado para tomar una decisión esperada: el Congreso no investigará a la Jefatura del Estado. Siempre que grupos de izquierda o nacionalistas han planteado iniciativas similares los letrados del Congreso han justificado que el rey emérito gozaba de inviolabilidad en los años que se pretendían analizar, que coinciden con su mandato al frente de la Jefatura de Estado y en esta ocasión ha sucedido lo mismo.
El informe, explícitamente una respuesta a la petición de los grupos de Unidas Podemos y ERC, indica que “no procede a su admisión a trámite toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad”, consagradas en la Constitución, son “absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.
La petición de Unidas Podemos y de ERC se registró la semana pasada en cuanto trascendió que la Fiscalía de Ginebra (Suiza) estaba investigando unas presuntas donaciones de Juan Carlos a Cori-nna zu Sayn-Wittgenstein por cuanto podrían ser parte de una operación de blanqueo de capitales. Esas donaciones supuestamente se habrían estado haciendo después de la abdicación, de manera que al no ser jefe del Estado cabría investigarle: ya no le ampararía la inviolabilidad que le atribuye la Constitución.
Pero los servicios jurídicos del Congreso no comparten ese punto de vista y en su informe así lo expresan. Para ello recopilan pronunciamientos casi idénticos al de ayer, en contestación a peticiones similares. Por ejemplo, según recuerdan, en la X legislatura (2011-2015) hubo una solicitud para la adopción de medidas de transparencia y de control parlamentario de la acción del jefe del Estado y de la familia real. Se rechazó. Y en la XII (2016-2019) se registraron dos propuestas (de IU, la primera, y de Unidos Podemos, la segunda) para investigar al “ex jefe del Estado” por “presuntas ilegalidades”, algunas relacionadas con informaciones que entonces se publicaron sobre el caso Villarejo. Ambas quedaron descartadas por la Mesa, así que ni siquiera se tramitaron. Sin embargo, la argumentación que esgrimieron los servicios jurídicos de la Cámara para negar la solicitud de Unidos Podemos, en octubre de 2018, es la misma que la que han empleado este martes.
Además de indicar que la inviolabilidad del rey emérito conlleva “efectos jurídicos permanentes”, los letrados recalcan que las “cuestiones” a las que se refiere la propuesta para crear la comisión de investigación, “aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior”, hay que enfocarlas “sin solución de continuidad con el periodo en el que su majestad don Juan Carlos era el jefe del Estado”.
Por tanto, “pretender una investigación sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente”, concluyen los servicios jurídicos del Congreso.
Esto que tales servicios jurídicos explicaron en octubre de 2018 es lo mismo que subrayaron ayer, aunque con una salvedad. En el escrito entregado a la Mesa (es un trámite de oficio) los letrados puntualizan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que “la especial protección jurídica propia del jefe del Estado” se vincula “con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta”. “La inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos”, añade el alto tribunal en sus sentencias 98 y 111/2019.
Con todos estos argumentos la Mesa ha decidido rechazar la posibilidad de investigar al rey emérito. Estos días pasados PSOE, PP y Vox dejaron claro que se opondrían. Pese a ello, Unidas Podemos no disimuló su contrariedad. El diputado de este grupo Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa consideró “muy grave” la decisión. “Lo mínimo que se podía esperar es que se investigue si el rey emérito blanqueó capital o cometió fraude a Hacienda”, dijo antes de remarcar que el rey Juan Carlos ya no es inviolable. También el líder de Más País, Íñigo Errejón, cree no se atiene a derecho “la excusa” del PSOE sobre que no se puede investigar al rey y prometió insistir.
Constitucional y Parlament. No solo los juristas del Congreso se oponen a que se investigue al rey en el marco parlamentario sino que el Tribunal Constitucional fijó también jurisprudencia al respecto en una sentencia de octubre de 2019 en la que anuló la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó el Parlament de Catalunya.
Recurso y competencias. El tribunal de garantías se pronunció a partir de un recurso interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2019 al entender que fiscalizar a la jefatura del Estado excedía las competencias de la Cámara autonómica. En ese mismo sentido se pronunció con el intento de reprobación de Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017.
Constitución y Corona. Además de considerar que ni la comunidad ni su cámara legislativa tienen capacidad de controlar a la familia real, el Constitucional consideró que la propuesta del Parlament vulneraba el artículo 56.3 de la Carta Magna que establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. “La inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos, que se hallan fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que tienen”, rezaba la sentencia.
