El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto.
La ministra Mónica García denunció que Madrid es la única comunidad que no ha hecho este registro, lo que afecta al derecho al aborto de las madrileñas. Según García, el gobierno regional tuvo un mes para presentar el documento, que también garantiza los derechos de los objetores. La ministra criticó que la Comunidad de Madrid actúa al margen de la ley y lo calificó de "trumpismo cañí", afirmando que los recortes afectan directamente a los derechos de las mujeres.
Obligación legal y solicitud de medida cautelar
El recurso del Ministerio señala que Madrid es la única comunidad que no respondió al requerimiento del 14 de octubre de 2025 y que, además, ha declarado públicamente su negativa a desarrollar el registro, pese a que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el protocolo por unanimidad el 16 de diciembre de 2024, con el voto favorable de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio solicita al tribunal una medida cautelar positiva, para que se ordene provisionalmente la creación del registro, evitando que se siga incumpliendo la ley y se generen perjuicios a mujeres, profesionales y al sistema sanitario. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, y la objeción de conciencia debe compatibilizarse con el acceso efectivo de las mujeres y la correcta organización del sistema sanitario.
Función y protección del registro de objetores
El registro autonómico de objetores es obligatorio por ley y su objetivo es organizar los recursos humanos para garantizar la prestación de la IVE sin discriminar ni a objetores ni a no objetores.
El protocolo establece que el registro será interno y no público, limitado a quienes organizan la prestación, con datos estrictamente necesarios, sin recoger el motivo de objeción, y sujeto a estrictas garantías de protección de datos, con acceso restringido y trazabilidad de consultas.
Esto permite planificar plantillas, guardias y derivaciones con criterios claros, desactivando el argumento de que el registro expone a los profesionales. Desde el 15 de noviembre de 2025, el Ministerio anunció el inicio del contencioso, respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló que el aborto es un derecho esencial que no puede convertirse en un negocio regional.
