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El vacío legal deja en el limbo el aplazamiento de las elecciones en la CAV y Galicia

El coronavirus provoca una situación inédita que puede exigir la declaración del estado de alarma o la reforma de la ley electoral

12.03.2020 | 00:55
El vacío legal deja en el limbo el aplazamiento de las elecciones en la CAV y Galicia

pamplona – La epidemia del coronavirus ha generado una situación sin precedentes hasta el punto de que no hay en el ordenamiento jurídico español, y concretamente en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), una previsión sobre a quién le correspondería aplazar o suspender unas elecciones por una emergencia de salud pública. Por ello ayer, ya con la posibilidad cierta de que sea perentorio posponer los comicios del 5 de abril, la confusión reinaba entre las instituciones. La expansión del coronavirus y las medidas contundentes adoptadas para controlarla han generado incertidumbre en la clase política de la CAV y Galicia por la proximidad de las elecciones, cuyo aplazamiento se prevé complicado al no haber disposiciones legales concretas que lo permitan por lo que se baraja la declaración del estado de alarma o la reforma exprés de la ley electoral.

Todas las miradas estaban puestas en la reunión que la Junta Electoral iba a celebrar por la tarde en el Parlamento Vasco, y más después de que el lehendakari Urkullu dijera por la mañana que las decisiones en torno a las elecciones le "corresponde" adoptarlas a este órgano. Sin embargo, antes de entrar a la reunión vespertina, el presidente de la Junta Electoral y también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, aseguraba que "estamos en este tema ante una laguna del Derecho" y sentenciaba que, por tanto, no tomarían ninguna decisión no relacionada con el orden del día.

riesgo El mismo versaba sobre las medidas de seguridad que se debían adoptar para garantizar la salud pública en la campaña electoral, la votación y el escrutinio del día 5 de abril. Alberto Núñez Feijóo dijo este martes que es "razonable, prudente y aconsejable" sopesar la opción de suspender los comicios del 5A para que no se ponga en "riesgo" la salud pública de la comunidad gallega. Y ayer mismo Íñigo Urkullu anunció que el Gobierno vasco está analizando qué posibilidades jurídicas podrían confluir para no mantener una jornada electoral en plena epidemia.

"En el actual contexto jurídico vigente la Junta Electoral no conoce de ninguna norma que le habilite para el ejercicio de la atribución de la suspensión de proceso electoral. No podemos plantearnos un horizonte que no nos corresponde a nosotros; trataremos de resolver los problemas cuando se nos planteen, pero no se nos han planteado", afirmó. Así, la Junta Electoral no analizó otro escenario que no fuera el de la celebración de los comicios en condiciones de seguridad, "ni debemos plantearlo mientras la autoridad sanitaria no nos diga otra cosa". El próximo martes se celebrará una nueva reunión de la Junta, ya muy cerca de la fecha de inicio de la campaña, y mientras tanto existe un canal abierto con la consejería de Salud, señaló Ibarra, para seguir la evolución de la epidemia y valorar posibles medidas.

Escasas horas antes de la reunión del Parlamento, Urkullu subrayaba que no estamos "ante un tema político, sino de salud pública", y por tanto afirmaba que la decisión que se adopte sobre las elecciones deberá basarse en "criterios técnicos", con las mismas medidas para la campaña electoral que se adoptarán en "eventos sociales, culturales o deportivos". El lehendakari pidió además a los partidos "no especular" con esta cuestión y a la población en general que cumpla "estrictamente" las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Ante el posible peligro para la salud pública, pocas soluciones ofrece el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, Ibarra, sin querer ir más allá en sus opiniones por su calidad de presidente de la Junta Electoral, cuyo cometido se restringe a la gestión de unas elecciones ya convocadas, sí afirmó que "los juristas con el lenguaje del Derecho llegamos a soluciones; las lagunas del Derecho se rellenan con los principios y las normas generales". Incluso admitió la posibilidad de que "de aquí al 5 de abril cambie la situación jurídica".

No descartó, además, que la solución llegue fruto del diálogo entre la Junta Electoral y el lehendakari, pero no aclaró a qué soporte legal podrían agarrarse para garantizar la seguridad jurídica. Con la legislación actual en la mano, solo cabría repetir las elecciones, en un plazo máximo de tres meses, en aquellas mesas –habrá 2.667 en toda la CAV– en las que los censados no hayan podido ejercer su derecho al voto por encontrarse enfermos o en cuarentena. La vía para forzar dicha repetición sería la contencioso-administrativa, en la que un juez decidiría si la votación fue válida o no y si cabe repetirla.

Por su parte, fuentes del Gobierno vasco explicaban que además de no existir anclaje legal para que el lehendakari aplace las elecciones, incluso con el consenso de todos los partidos, de tomar la decisión habría que responder a preguntas como a cuándo posponerlas, o cómo gobernar sin un Parlamento que controle al Ejecutivo. Por otro lado, la Junta Electoral del País Vasco sí trató las medidas para el día de la votación y el escrutinio facilitadas por el Departamento de Seguridad. Así, se limpiarán con desinfectante los 800 colegios electorales vascos antes y durante las votaciones, se facilitará el lavado de manos, y se proporcionará guantes de nitrito a presidentes de mesa, vocales, interventores, apoderados o miembros de la Administración presentes en los colegios electorales.

"Este no es un tema político. Estamos hablando de un tema de salud pública"

iñigo urkullu

Lehendakari