a virulenta llegada del coronavirus ha paralizado otra vez el ritmo legislativo del Congreso de los Diputados. Varios proyectos de ley del Gobierno y decenas de propuestas de los grupos parlamentarios deberán esperar.
La Cámara lleva más de un año sin tramitar una ley orgánica. Gracias a los reales decretos leyes enviados al Parlamento por el Gobierno, ha habido avances, pero a la manera del real decreto, es decir, se convalidan y punto final.
Dos elecciones generales
Reales decretos y pocas tramitaciones más
Las dos elecciones generales que hubo en 2019 bloquearon las tramitaciones legislativas en la Cámara Baja. La web de la institución es reveladora al respecto.
Tras anunciar Pedro Sánchez el anticipo electoral en febrero de 2019, la Diputación Permanente convalidó seis reales decretos el mes siguiente, entre ellos los controvertidos de los viernes sociales, como el de igualdad o el del alquiler. Vino otra tacada en octubre tras decretarse la repetición de comicios, al no cuajar la investidura.
La regulación de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o el refuerzo de la seguridad en el ámbito digital (cierre de webs independentistas incluido) salieron adelante entonces. Luego se celebraron las elecciones, el 10 de noviembre. Hasta aquí el recorrido legislativo de 2019. En 2020, el coronavirus ha erradicado los síntomas de recuperación.
Por fin hay Gobierno
El coronavirus retrasa todas las previsiones
La investidura de Pedro Sánchez, el 7 de enero, apuntó a la reanudación de la rutina parlamentaria. Por fin un horizonte temporal para llevar al pleno una proposición de ley y para que se tramitara; por fin el Gobierno podría enviar sus proyectos.
La explosiva irrupción del COVID-19, la semana pasada, ha obligado a cambiar los plazos. O mejor dicho: a retrasar todas las previsiones.
Para empezar, provocó el aplazamiento de la convalidación de dos decretos leyes tan importantes para el Gobierno de coalición como el de la derogación del despido por sucesión de bajas médicas o el de las ayudas a los agricultores.
Un pleno el 24 de marzo, con el hemiciclo vacío por el estado de alarma y sus contundentes medidas sanitarias, deberá convalidarlos porque se acaba el plazo de un mes para ello.
Estos decretos son, sin embargo, una gota en la tormenta. Debido a la suspensión de la actividad parlamentaria se ralentizará la tramitación de siete proyectos de ley del Gobierno, entre ellos el del impuesto a determinados servicios digitales (la tasa Google) o el reciente de educación.
Se verán afectadas ocho Iniciativas Legislativas Populares y varias iniciativas procedentes de los parlamentos autonómicos, y se apelotonarán hasta 55 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.
El PSOE, el mayoritario, se mostró eufórico cuando el pleno tomó en consideración su propuesta para regular la eutanasia, el mes pasado. El aterrizaje en la comisión que habrá de dar forma a la iniciativa, más el consiguiente debate, se deberá retrasar.
Igual que se retrasará la proposición de Unidas Podemos para fijar un plazo máximo de los plazos de instrucción, en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El PP, el martes 10, tenía listas para el debate de admisión a trámite sus medidas de endurecimiento del Código Penal, destinadas a castigar a quienes celebren o promuevan referendos ilegales.
Positivo de Ortega Smith
Se paraliza el Congreso y los planes de los partidos
Pero fue justo el día en que la Mesa del Congreso decidió suspender la actividad de la semana al conocerse el positivo por coronavirus de Javier Ortega Smith y la consiguiente cuarentena del grupo completo de Vox.
Tanto a socialistas como a populares la paralización del Congreso trastoca sus planes, pues en las proposiciones de ley guardan sus agendas legislativas. El PSOE, por ejemplo, tiene una sobre memoria histórica y el PP, otra sobre la modificación del estatuto del Ministerio Fiscal para evitar casos como el de Dolores Delgado.
Vox esperará mejor momento para impulsar algunas de sus siete proposiciones pendientes. El impulso de la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles y la protección de los denunciantes de corrupción serán sus puntas de lanza.
Hay varias propuestas para cambiar el Código Penal. A la espera de que llegue el plan para amoldar el delito de sedición, Unidas Podemos defenderá su propuesta para endurecer las penas por delitos de odio. El PNV ha registrado otra más orientada a las situaciones de algunos presos.
La violencia de género acapara una de las proposiciones de ley de Cs, partidario de garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado, y lo mismo sucede con la independencia del poder judicial o la protección de las familias. Ciudadanos es el grupo con más proposiciones registradas, diez.
ERC y el voto a partir de los 16 años o la reforma del estatuto de Murcia para acabar con los aforamientos son iniciativas ya casi seculares.
En 2019 lo lograron dos elecciones generales. ¿En 2020 lo logrará el coronavirus?
Crisis agraria y despido por bajas. El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis del campo y la supresión del despido por acumulación de bajas médicas, dos decretos leyes aprobados el pasado mes de febrero y que, tras la suspensión de la actividad parlamentaria por la expansión del virus, corrían el riesgo de caducar. Estas medidas están ya en vigor, pero conforme a la Constitución deben someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, su derogación. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá el decreto con el que busca garantizar precios justos a los productores, que cubran los precios de producción y eliminar la venta a pérdidas. A la tribuna de oradores también se subirá la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que defenderá la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas.
