- La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, aseguró ayer que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudian si los presos que cumplen condena por el 1-O pueden seguir con su confinamiento en sus casas debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, algo que hace doce días fue negado por Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

También el Tribunal Supremo amenazó ayer mismo al Govern de Quim Torra con procesar a sus miembros por delitos de “prevaricación” si finalmente los condenados por el procés son trasladados a sus domicilios

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Capella explicó ya se estudia que estos presos abandonen los centros penitenciarios y se vayan a casa mientras dure la crisis sanitaria, aludiendo a que en esta situación hay que tomar medidas “excepcionales”.

“El 69% de las personas en tercer grado ya están confinadas en su casa”, explicó la titular de Justicia, que aseguró que las juntas decidirán si los internos de segundo grado con el artículo 100.2 se pueden confinar en su casa.

Los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O obtuvieron antes de la pandemia de covid-19 la flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2, lo que les permitió ir a trabajar fuera de la prisión o ejercer labores de voluntariado durante la semana.

Capella asegura que, desde el inicio del brote, su departamento ha tomado medidas para evitar aglomeraciones en los centros penitenciarios, que han conllevado que se traslade a sus domicilios a la mayoría de los reclusos que se encuentran en tercer grado.