Navarra trabaja en un plan de reactivación económica con un ojo pendiente de Madrid

Para tratar de amortiguar el golpe, y tal y como anunció la presidenta del Gobierno, María Chivite, durante la comisión de Régimen Foral de la semana pasada, el Ejecutivo se ha puesto al frente de un plan que ha abierto a la participación de todos los partidos y agentes sociales, y que se quiere tener listo para el verano. De momento, el Gobierno busca la mejor fórmula jurídica que se adapte a un escenario tan cambiante, y tiene un ojo puesto en qué pasos va dando el Estado, en la medida en la que afectarán a Navarra. Pero lo que se tiene claro es que será un plan económico que no dejará de lado las necesidades sociales de los grupos que más están sufriendo la crisis por la falta de ingresos.

Sin embargo, hay dos cuestiones que influyen en la confección del plan económico y que escapan de las competencias de Navarra. Son el estado de alarma y la desescalada del confinamiento. Por lo menos hasta el 9 de mayo, si es que no hay otra prórroga, el Gobierno central mantiene el mando único sobre las comunidades autónomas, cuyo progresivo desconfinamiento se hará bajo las órdenes de Madrid. Navarra es uno de los territorios que se ha ofrecido como ‘comunidad piloto’, pero lo cierto es que hay regiones donde la epidemia ha causado menos daños (Andalucía y Murcia) y otras en las que, siendo más grandes, hay una menor tasa de contagio por habitante (Galicia y Canarias).

Saber cuándo se levantarán algunas de las restricciones y cuándo se recuperará parte de la movilidad, clave para muchos trabajos, no es lo único que afectará al plan de reactivación económica. Calcular el escenario que quedará tras la primera emergencia sanitaria será crucial para que las medidas tengan efecto. En eso trabaja el departamento de Economía y Hacienda, que a través de la consejera Elma Saiz ya dio una estimación de por dónde podrían ir los tiros. Saiz habló de una posible caída del 9% del PIB, que podrá presentar diversas formas: en V, que es lo mismo que a una caída drástica de la actividad le siga un rebote que vuelva a ofrecer niveles aceptables; o en U y J invertida, escenarios más dañinos y posibles teniendo en cuenta que la reacción al virus no ha sido temprana.

De todos modos, y aunque el estado de alarma, la desescalada y el impacto económico condicionarán las medidas, el Gobierno foral ya se hace a la idea de que tendrá que poner en marcha un plan integral si quiere evitar que alguien se quede atrás. Habrá medidas fiscales y de estímulo económico acordadas tanto por los grupos como por los agentes sociales, sindicatos y patronal. La idea ya se les ha trasladado en las reuniones que han mantenido y el Gobierno no quiere poner encima de la mesa un paquete de medidas cerrado que obligue a los actores a tomarlo o a dejarlo, sino que quiere que haya participación y, en la medida de las posibilidades, consenso.

Para determinar las medidas, será esencial conocer en qué termina la renta de inserción que quiere poner en marcha el Gobierno central. Como en Navarra funciona la Renta Garantizada desde 2015 -con la menor tasa de paro del Estado, por cierto-, si el Ejecutivo central asumiera los 500 primeros euros de la prestación -que tiene un coste por encima de los 100 millones en cada ejercicio presupuestario- propiciaría un desahogo brutal para Navarra, que podría contar con más margen de actuación para estímulos en la industria y los servicios, con ayudas fiscales y bonos a futuro que reactiven la economía.

Normalidad, con cautela. El departamento de Salud, cuyo jefe de gabinete dio positivo por COVID-19 (ya recuperado) tuvo que reforzarse con las jefas de gabinete de Medio Ambiente y Cohesión Territorial. La mejoría de la situación ha hecho que vuelvan a sus puestos de origen.