s posible centrar el debate político sobre la continuidad del estado de alarma en los términos que se han planteado esta semana pasada, jugando al peligroso ejercicio de maniqueísmo del todo o nada, de conmigo o contra mí? Es un planteamiento poco edificante, al que suma el tono bronco, duro y nada constructivo del debate que se ha vivido en la sesión del Congreso de los Diputados centrada en la prórroga temporal por otros 15 días del estado de alarma.
Son muchos los ámbitos que cabría analizar tras el debate emergente acerca de si el estado de alarma es el único modo eficiente contra la pandemia. Pero hay un punto de partida que parece atisbarse tras algunas argumentaciones vertidas esta semana, y que se concreta en esta serie de interrogantes:
¿Es necesaria una tutela estatal sobre las comunidades autónomas porque estas y sus respectivos dirigentes no son capaces de orientar su actuación político-institucional bajo parámetros y criterios de corresponsabilidad y de cooperación? ¿Resulta imprescindible, por ello, que emerja un mando único, una autoridad superior que evite el caos? ¿Creemos o no creemos en un Estado compuesto y descentralizado, lo cual no obsta para que se articule en circunstancias de emergencia sanitaria tan críticas como la actual una coordinación estatal, ya prevista entre otras, en las leyes de medidas especiales de salud pública, en la Ley general de sanidad o en la Ley de protección civil, entre otras?
En la dimensión estrictamente política merece aclarar algunos conceptos que permitan comprender cuál es el fondo del debate: en primer lugar, el Gobierno vasco no insta al Gobierno español a que consensúe con la oposición. No es quién para decirle cómo tiene que formar las mayorías necesarias para garantizar su estabilidad y, por tanto, su propia gobernabilidad; habrá de ser el propio Gobierno central, y su presidente al frente, quien sabrá y decidirá con quién tiene que pactar para procurarse las mayorías que necesita.
En segundo lugar, lo que el Gobierno vasco sí ha exigido y seguirá exigiendo al Gobierno central es que respete sus competencias. Que no vulnere el Estatuto. Que no avasalle y no aproveche la pandemia para invadir competencias autonómicas. En el marco de la defensa de sus competencias, el Gobierno vasco exige al Gobierno central que las decisiones que se adopten para ser aplicadas de forma coordinada por parte de las instituciones autonómicas en sus respectivos territorios se consensúen con estas.
El destinatario de esa negociación no debe ser la oposición política a su gobierno en el Congreso de los Diputados, sino que ha de negociarse con las propias comunidades autónomas. Lo contrario supone vulnerar la distribución competencial constitucionalmente establecida.
¿Incumple el Gobierno vasco en Euskadi lo que en Madrid exige al Gobierno central? ¿Altera o vulnera el Gobierno vasco nuestro sistema competencial vasco cuando está ejecutando las medidas necesarias dentro de esta crisis sanitaria? No. Lo que se exige a Madrid es respeto y reconocimiento, desde la mutua lealtad. Y en Euskadi, en cambio, ninguna institución pública se ha quejado de falta de respeto o de lealtad por parte del Gobierno vasco, porque se está respetando ad intra el principio de subsidiariedad.
El Gobierno vasco declaró el estado de emergencia sanitaria sin invadir competencia alguna de los TTHH o de los municipios; no ha declarado ningún estado de alarma que de facto recentraliza el sistema competencial. Tampoco el Gobierno vasco se ha apropiado de fondos forales de contenido social para financiar sus propios programas sociales, como sí ha hecho el Gobierno central con los fondos de formación continua mediante una decisión unilateralmente adoptada, sin consenso alguno con quienes (las CCAA) pierden esa capacidad de gasto finalistamente orientado.
Tampoco el Gobierno vasco ha implementado programas que dupliquen los planes forales en materia de vivienda o de garantía de ingresos sin concretar cómo se van a coordinar (cosa que sí ha hecho el gobierno central).
¿Existe otra forma mejor de coordinar el estado de alarma? Sí, sin duda: el modelo de gobernanza colaborativa con pleno respeto a las instituciones existentes, en nuestro caso en Euskadi, y mediante la creación de mesas específicas integradas por agentes sociales, socioeconómicos, educativos y culturales.
