- Unidas podemos, ERA, Juntas, PNB, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís urgen al Gobierno de España en un manifiesto a excarcelar a los presos enfermos, de avanzada edad, y a los que estén en situación de vulnerabilidad ante el coronavirus.

El manifiesto Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad lleva la firma, por lo tanto, del partido que comparte Ejecutivo con Sánchez y de los que posibilitaron su investidura.

El texto incide en que la crisis sanitaria generada por la pandemia está teniendo un impacto “muy fuerte” en las cárceles y reclaman estas medidas “alternativas a la privación de libertad” para garantizar el derecho a la salud de los reclusos.

Instan al Gobierno a seguir la recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Consejo de Europa y, además de la excarcelación, piden el “acercamiento geográfico generalizado” de los presos y la ampliación de las comunicaciones con sus familiares.

También subrayan la necesidad de realizar diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en las prisiones y de garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo, entre los que citan los presos de edad avanzada y los que tengan patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad.

Aunque aseguran que no dudan de las medidas del Ministerio de Interior para frenar los contagios en las cárceles, señalan como “absolutamente prioritario” poner en marcha normas “más exigentes” para que los presos permanezcan “en espacios más saludables”.

En su opinión, las medidas que proponen deberían ser adoptadas, “sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito”, a quienes hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia, tengan un pronóstico favorable a la reinserción social y cuenten con recursos familiares o de su entorno para someterse al confinamiento “en los mismos términos que el resto de la sociedad”.

El colectivo de presos de ETA valoró ayer positivamente la “implicación” de los grupos políticos que rubricaron el comunicado. Etxerat expresó su satisfacción con el texto y denunció que los reclusos “continúan sumamente expuestos al contagio, puesto que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar su derecho a la salud y su derecho a la vida”.

Respecto a la situación concreta de los presos, la asociación considera que el alejamiento que sufren un gran número de ellos “vulnera los derechos de las personas privadas de libertad y los de sus familiares, y supone, por lo tanto, un plus de sufrimiento, injustificado y estéril”.

Entre tanto, ayer se conoció que los presos de ETA Josune Oña Ispizua y Juan Arri Pascual, que cumplen condena en las cárceles de Alicante y de Castellón, serán trasladados a centros penitenciarios de Burgos y Logroño tras pasar a segundo grado, cuando las condiciones de la pandemia del coronavirus lo permitan. Las juntas de tratamiento consideran que ambos han aceptado la legalidad penitenciaria.

Además, se ha concedido el tercer grado a José Ramón Foruria, que cumple condena en segundo grado, con control telemático, fuera de la prisión de Basauri (Bizkaia).

Oña ingresó en prisión en 2004 para cumplir una condena de 25 años por delitos de colaboración con banda armada, atentado, falsificación de documento público y tenencia ilícita de armas. Se la consideró cooperadora necesaria del atentado de 2003 en el alto de Herrera, en el que murió el también miembro de ETA Arkaitz Otazua y resultaron heridos dos miembros de la Ertzaintza. En abril de 2023 cumplirá las tres cuartas partes de la condena.

Por su parte, Juan Arri Pascual ingresó en prisión en 2003 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, estragos y atentados. El exmiembro del comando Madrid de ETA participó en el atentado cometido en 1994 en la Plaza de Ramales, en el que fallecieron el teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador. En junio de 2018 cumplió las tres cuartes partes de la condena.

José Ramón Foruria Zubialdea, condenado por haber facilitado información a los miembros del comando Eibar de ETA que en 1980 asesinaron a cuatro guardias civiles, pasa a tercer grado. La AVT criticó los acercamientos porque tienen “delitos de sangre”.